Una ciudad que representa el ejemplo de cómo mostrar al visitante una cara de acogida afable y ser, al mismo tiempo, totalmente insolidaria con el resto de las ciudades europeas en la lucha contra el cambio climático. Una ciudad donde la apariencia no es lo que, en realidad, ocurre pues vive supeditada a lo que dictan sus cajas de ahorro tan bien relacionadas con los amos del ladrillo y que demandan insaciables suelo urbano para construcción de viviendas. Una ciudad donde poco importa que sus viviendas vacías sean ya excesivas y que sus precios tan elevados resulten una estafa para la inmensa mayoría de la población. Una ciudad donde la codicia de unos pocos gobierna sus destinos. Una ciudad que, cada día que pasa, emite más emisiones de CO2 a la atmósfera sin preocuparle las consecuencias lo más mínimo. En definitiva, una ciudad de las nuestras.
En el año 2005, las emisiones totales de gases de efecto invernadero alcanzaron, a nivel del Estado español, la cifra de 440,6 Mt de CO2 -equivalente. Este valor supuso un 52,2% de aumento respecto a las emisiones del año 1990 que se toma como año-base, o lo que es lo mismo, casi 37,2 puntos porcentuales de exceso sobre el compromiso adquirido en el Protocolo de Kyoto. Si tenemos en cuenta las tendencias actuales podemos estimar que para el periodo recién iniciado, 2008-2012, se estaría muy lejos de alcanzar el compromiso del Protocolo de Kyoto, situándose en el año 2010 entre un 70 - 80% por encima de las emisiones de1990.
En cuanto al año 2020, teniendo en cuenta la metodología propuesta por la Comisión Europea, esta reducción debería ser un 8% menor que los niveles del año 2005. Sin embargo, las previsiones actuales apuntan a que se superarían las emisiones de 2005 en más de un 30%, si siguiéramos como hasta ahora. Obviamente, estos niveles quedarían muy lejos del escenario que pudiera derivarse del compromiso de la Comisión Europea de reducción del 20%. Por consiguiente, es urgente el que en todos los niveles de gobierno, incluido el nivel municipal, le demos a la reducción de las emisiones de CO2 un valor estratégico prioritario. En especial, impulsando la energía, la edificación y el transporte sostenibles que son los sectores causantes del 80% de las emisiones de CO2. A nivel municipal, estas actuaciones adquieren capital interés y urgencia porque es el nivel donde menos se está trabajando por reducir las emisiones de CO2. Paradójicamente, de ello tiene bastante culpa la preponderancia de lo local sobre lo global, a la hora de luchar contra el cambio climático.
Verde que te quiero verde, sin más
Hace casi un año, con motivo del Día Mundial de la Tierra, en diversas capitales europeas, miles y miles de personas se manifestaron con el slogan: Frente al cambio climático menos CO2. Otro de los slogan se anticipaba a la situación que sufrimos hoy cuando subrayaba que también el cambio climático provocaba sequía.
Las organizaciones ecologistas ponían como principal objetivo reducir las emisiones de CO2 de los países industrializados en un 30%, para el año 2020, y en un 80% para el año 205. De este modo, se persigue que la temperatura global no aumente más de 2 grados con respecto a las temperatura conocida en la época preindustrial. En el caso del Estado español, las organizaciones convocantes reprocharon que España fuera el país que más se había alejado del cumplimiento de los compromisos de Kyoto, por lo que consideraban urgente invertir y modificar esta tendencia, cuanto antes. La crítica no solo se refería al Gobierno español sino también al conjunto de gobiernos autónomos y ayuntamientos que, curiosamente, a pesar de los diferentes colores y sabores que los caracterizan, tampoco estaban haciendo gran cosa por luchar contra el cambio climático. La desidia demostrada por los ayuntamientos para poner en marcha acciones que persiguieran la reducción de las emisiones de CO2 también ha sido notoria. Tanto en ayuntamientos de izquierdas como de derechas la economía del ladrillo tan contraria a la reducción de emisiones de CO2 ha sido la joya de las políticas municipales a impulsar con el consentimiento de partidos políticos y cajas de ahorro que también, en su mayoría, los políticos controlan.
