El Real Decreto 16/2012 del 20 de Abril, anunciado por el Gobierno para “asegurar la sostenibilidad” del Sistema Sanitario Español” constituye el más duro ataque nunca recibido por éste. Para empezar, se vulnera la propia naturaleza de nuestra sanidad pública, que deja de ser un derecho universal de “todos los españoles y los ciudadanos extranjeros” que tengan establecida “su residencia en el territorio español” a ser un derecho sólo para “aquellas personas que ostenten la condición de asegurado”, dejando en un limbo asistencial a jóvenes por encima de los 26 años que no hayan cotizado nunca y directamente excluidos a los inmigrantes en situación irregular. Esta decisión es injusta porque la sanidad se financia con impuestos, no con cotizaciones, por lo que la atención sanitaria debería constituir un derecho inherente a la condición de ciudadano, no asociada a la vida laboral. Pero es que además de una aberración, es una medida poco eficaz: tal y como han demostrado diversos estudios, los inmigrantes en situación irregular acuden menos a consulta, tiene menos ingresos hospitalarios y consumen menor cantidad de fármacos. Esto se debe en parte a que suelen ser personas jóvenes y sanas, y también a que desconocen los recursos a los que pueden acceder. La mayor carga relativa de los extranjeros para nuestro sistema de salud tiene apellidos alemanes, británicos y franceses, no latinoamericanos o africanos. Así pues, el ahorro que se obtendría es escaso, por no valorar el problema de salud pública que puede suponer no controlar algunas enfermedades infecciosas más prevalentes en ciertos grupos de inmigrantes, como la tuberculosis. Por otra parte, el no dotar a estas personas de tarjeta sanitaria las obliga a ir a urgencias como “única vía de acceso” al sistema sanitario, lo cual favorece el colapso de dichos servicios, ya de por sí bastante masificados.
Igualmente, el copago de medicamentos, productos ortoprótesicos, dietéticos y transporte sanitario no urgente, es una medida cobarde y temeraria. Cobarde porque de nuevo se ceba con los sectores más débiles; enfermos crónicos, pensionistas y discapacitados que no tengan una minusvalía mayor del 65% (por encima de este porcentaje quedan exentos de pago), y temeraria porque no se ha llevado a cabo ningún estudio del impacto potencial de estas medidas en la salud de las personas y en el riesgo de exclusión social que supone por ejemplo, el que algunas personas se vean recluidas en sus hogares por no poder pagar el 50% del valor de una silla de ruedas. En el caso del pago del 10% de las medicinas por parte de los pensionistas (con diferentes topes según la renta) los pacientes deberán adelantar ese dinero, y luego las administraciones, en un plazo de hasta 6 meses, devolverán la diferencia. Esto en la práctica supone una detracción adicional de sus recursos: ¿alguien ha hecho cuentas del volumen económico que supone el 10% del valor de las medicinas que consumen los pensionistas en seis meses? Pero además, también el impacto económico de esta medida puede ponerse en entredicho (al menos parcialmente); no se han ofrecido datos sobre el coste de las transacciones financieras para la devolución de los pagos adelantados, del trabajo burocrático requerido para vincular estos copagos a la declaración de la renta (que habrá que actualizar anualmente), ni de la renovación de todas las tarjetas sanitarias para poder volcarles los datos fiscales.
Este paquete de medidas sobrepasa todas las líneas rojas, y conviene recordar que ningún ahorro económico compensará el modo en el que se envilece a nuestra sociedad e instituciones públicas con estos recortes que castigan a los sectores más débiles de la población.
