El Ministerio de Sanidad ha publicado las cifras oficiales sobre realización de abortos y según estos datos en el año 2006 se registraron en Navarra 651 interrupciones voluntarias del embarazo (IVE), todas ellas fuera de la Comunidad Foral.
Mientras, la Consejera de Salud María Kutz afirma que durante este período se produjeron 64 casos de aborto en nuestra comunidad. Las cuentas no salen, ¿qué está pasando?, ¿por qué no se visibiliza esta problemática desde el Departamento Navarro de Salud?
Esta confusión de datos y la situación generada por UPN y CDN mediante maniobras y manipulaciones quieren aparentar el enfrentamiento de dos derechos, el ejercicio del derecho al aborto que reconoce una ley –insuficiente-, frente a la aplicación del derecho a la objeción de conciencia de algunos profesionales (otros no los practican para no ser acusados penalmente) que además, está siendo utilizada como lanzadera antiabortista resultando insostenible e injusto este duelo en sí mismo.
Somos conscientes que parte de esta problemática no tiene exclusivamente un carácter ético-médico, sino que fundamentalmente tiene un carácter ideológico marcado por la raigambre de determinado pensamiento religioso y conservador. Sin embargo, entendemos que no es admisible pretender imponer forzosamente una determinada ideología a quienes no la compartimos, especialmente cuando eso crea, por enfrentamiento, un conflicto de derechos, como la libertad de pensamiento, creencia y conciencia. Nadie puede erigirse en defensor de los derechos de nadie y menos aun en los de un hipotético ser en detrimento de los de otra persona.
Que las mujeres navarras que quieran abortar tengan que hacerlo fuera de la comunidad foral no es noticia por su novedad, sino por su escandalosa permanencia y porque va a seguir siendo uno de los importantes hechos que, entre otros, deterioran y restringen los derechos y la libertad de decisión de muchas mujeres.
Mujeres que tienen que hacer frente a una dura situación al tomar la decisión de interrumpir el embarazo que no es una opción agradable ni se ampara en una actitud frívola, sino que es una necesidad ante unas circunstancias no deseadas. Una dura y difícil elección, que debe ser valorada por las propias mujeres ante realidades concretas en su vida.
Creemos que el problema de IVE hay que analizarlo y darle solución desde una perspectiva amplia que abarque también aspectos preventivos de educación e información en materia sexual, haciendo especial hincapié en el sector joven de la población, ya que el 49.30% de los abortos que se solicitan en Navarra corresponde a chicas de entre 15 y 29 años. Y esto nos lleva a hacernos una pregunta, ¿no es responsable la sociedad navarra de muchas situaciones y vivencias de su juventud?. En diversos análisis y estudios cualitativos se observa que persisten ideas entre los jóvenes como que; “poner el preservativo corta el rollo”, “pedirle que use condón demuestra falta de confianza”… Si a ello añadimos la cifra de 9.125 píldoras postcoitales distribuidas en el 2005, parece ponerse de manifiesto que muchas personas jóvenes no disponen de los recursos necesarios para afrontar positivamente las situaciones de riesgo que se derivan de sus relaciones afectivas y sexuales. Y un apunte más, si importante cuando eres joven es no tener un embarazo no deseado, no menos importante es no adquirir una enfermedad de transmisión sexual cuyos porcentajes de contagio en los últimos años, sirva de ejemplo las infecciones por sífilis, han aumentado en un 147% entre la población joven. No nos queda ninguna duda. La administración pública en Navarra debe trabajar necesariamente en la mejora de los mecanismos preventivos y programas de gratuidad de métodos anticonceptivos,… y que todos ellos estén disponibles y accesibles para quien así lo requiera.
En la cuestión del aborto, no sólo es necesario el reconocimiento dentro de la sanidad pública y concertada Navarra a la prestación sanitaria de la IVE en los términos legalmente previstos sino que hay que ir más allá, uniendo nuestra voz a otras muchas que solicitan al Gobierno Español una modificación de la ley del aborto, un compromiso claro y decidido para reformar la actual, en donde exclusivamente no se penaliza a los casos de aborto sujetos a alguno de estos tres supuestos: grave peligro para la salud física y psíquica de la madre sin determinar plazos, casos de violación si se realizan antes de las 12 semanas y malformaciones en el feto si se hacen dentro de las 22 semanas de embarazo.
Uno de los aspectos más polémicos de esta ley es, sin duda, la indicación de “grave peligro para la salud física o psíquica” de la madre. ¿Es necesario que el embarazo provoque un trastorno mental grave para que sea lícita su interrupción?, ¿no es suficiente tener que ponerse en la tesitura de optar o no por abortar que además hay que declarar que se sufre un trastorno mental? Para evitar interpretaciones y situaciones de indefensión (como se está poniendo de manifiesto con las denuncias contra las clínicas que practican el aborto), creemos que se hace necesario promover una ley de plazos con garantías plenas en las primeras 14 semanas de gestación para el ejercicio del derecho al aborto sin ningún tipo de restricciones, una ley que contemple el aborto como un derecho libre y gratuito. ¿Cómo es posible que más del 95% de las mujeres que aboratan tengan que decharar “grave peligro para la salud psíquica?. Está claro que se utiliza este supuesto con resignación, al no estar despenalizado el aborto en función de la libertad de decisión de la mujer.
No permitamos una sociedad que se asiente sobre una doble moral, que oculta realidades sociales que hacen sufrir a muchas mujeres y necesitan una respuesta por parte de la administración.
Marisa Marqués,
Ioseba Eceolaza,
Txema Mauleón
Miembros de Batzarre
