En los años de prosperidad económica, los políticos se acostumbraron a manejar presupuestos desmesurados, alimentados por una economía financista, y también por el ladrillo. Todo el mundo especuló, rentistas, estado, empresas y particulares. ¡Parecía que el crédito no se acabaría nunca!
El radicalismo cívico de ZP extendió viejos derechos e introdujo otros nuevos, forzando el sentido natural de las relaciones humanas. Todos sabemos que hubo/hay abusos en las prestaciones sociales, contribuyendo a ocultarlos el buenísimo ambiental. Lo público cuenta con demasiado prestigio entre la ciudadanía. Lo presentan como garantía de modernidad y eficacia, ignoran su gigantismo pernicioso.
El Estado debe acometer sólo lo que no puedan hacer los particulares, la extensión de lo público -agravada con las autonomías- nos hace más dependientes a ciudadanos y empresas. Los presupuestos representan más del 40% del PIB. Esto favorece a políticos, grandes empresas e instituciones financieras, que mutuamente se apoyan. Aprovechándose del prestigio del Estado del Bienestar (EdB) lo utilizan en provecho propio, fuerzan mayores controles, nuevas normas para quitarse competencia, convenciendo a la ciudadanía de la excelencia de lo grande y de la inviabilidad de lo pequeño.
Muchos añoran el viejo EdB, olvidan que el sistema estaba hipertrofiado, sostenido por la presión fiscal sobre las clases medias / asalariados. Las necesidades financieras crecieron exponencialmente, por los nuevos servicios gratuitos, aumentando el endeudamiento de estados, empresas y familias.
La crisis económica más la crisis del sistema, condimentadas por la corrupción, perturba al EdB. La globalización perjudica a Europa, para competir con el modelo chino (economía pujante gracias a los salarios de miseria de sus trabajadores);
Por no tener suficientes hijos, no podremos sostener las prestaciones en pensiones, sanidad, educación. Con menos contribuyentes, no podremos pagarlas.
Es más realista, apoyar administraciones más pequeñas, fácilmente financiables, sostenidas por una mayoría de pequeños propietarios. La propiedad debe estar mejor repartida, necesitamos mitigar el poder de los poderosos. La crisis ha depauperado a mucha clase media y asalariados. La salida más justa está en la pequeña propiedad privada PPP, la misma que siempre ha movido al mundo.
La PPP posibilita que muchas familias, como el comerciante de una pequeña tienda, el ganadero de una pequeña propiedad agraria, experimenten lo que es la propiedad, la disfruten y le saquen el mejor fruto, porque la pueden tocar, palpar y explotar.
Los enemigos de la PPP son el Estado y los mercados financieros, porque son grandes. Uno y otros nos dicen que somos propietarios del Estado, pero sabemos que
no es así, salvo el 0,7% dedicado a la asignación voluntaria, nada podemos decidir sobre el destino de nuestros impuestos.
La historia de lo público,
en gran medida, es la historia del derroche del dinero de los demás, donde otros deciden por tí. Lo mismo ocurre con los mercados financieros, que por grandes son peligrosos. El pequeño accionista bancario no pinta nada, el staff y los gestores de los fondos son los que mandan.
Crearemos empleo cuando potenciemos más las pymes, comerciantes, pequeños agricultores, autónomos, que constituyen los agentes económicos más eficientes, más competitivos, en definitiva más libres. No se necesitamos subvenciones, necesitamos que no introduzcan nuevos y continuos condicionamientos administrativos. Los pequeños pagan más impuestos que los grandes y las medidas legislativas favorecen generalmente a los poderosos.
¡Muchas cosas deberían
cambiar con la salida de la crisis!
