Desde el gobierno de la nación se anunció el inicio del diálogo con ETA y acto seguido se solicitó encarecidamente un apagón informativo sobre el tema, para no entorpecer, según el propio gobierno, el camino hacia la Paz. ¿Dónde está el derecho de los ciudadanos a recibir información recogido en la Constitución? Que los medios de comunicación aireen cuestiones relacionadas con el mal llamado proceso de paz hace aflorar las vergüenzas de algunos partidos políticos y por eso parece más oportuno, en aras de su concepto de la paz, que todo lo relacionado de forma directa o indirecta se archive en el cajón del olvido. Se está dialogando en nombre de todos los españoles y tenemos derecho a exigir luz y taquígrafos. Diálogo y negociación no son sinónimos aunque se utilicen como si lo fueran con la única pretensión de confundir.
Lo preocupante no es la opinión de unos políticos, sino que los medios de comunicación se autoamordacen privando a la ciudadanía de un derecho fundamental. La censura, propia de regímenes dictatoriales, no encuentra acomodo en nuestra democracia, pero la autocensura se hace incomprensible y reprobable.
No resulta tan extraño de comprender si recordamos qué han hecho los medios de comunicación con el 11M durante estos dos largos años. Con la excepción honrosa de algún medio, parece existir un pacto de silencio en relación con todo lo que afecte a la investigación de esta tragedia.
¿Por qué ninguna televisión divulga las múltiples incógnitas que existen sobre el 11M? No es que un canal de televisión dé un enfoque distinto al de la competencia, no. El problema es que ningún canal de televisión informa sobre nada en absoluto que pueda estar relacionado con el atentado del 11M. Doscientos muertos y mil heridos no han servido para despertar el interés informativo y el ansia periodística de buscar la verdad. Sin embargo, con tan sólo una ínfima parte de los esfuerzos empleados en la telebasura hubiese bastando para atender cuestiones tan importantes.
