En 2006 el Parlamento de Navarra aprobó la actual ley foral de contratos públicos, según la cual los ayuntamientos debían reconvertir en contratos muchos de los convenios que venían realizando con entidades y asociaciones locales. Con el objeto de adaptar a Navarra la normativa europea y estatal sobre el tema, la ley fue promovida y aprobada por UPN, siendo entonces uno de sus parlamentarios Luis Casado.
Cuando al año siguiente, en 2007, el centro cultural Castel Ruiz de Tudela propuso la formalización de sendos convenios con los grupos de danzas y de jotas (los convenios de la banda de música y del coro se habían aprobado en 2005, antes de la ley), el PSN recordó que ese tipo de acuerdos no eran legales. Así lo había considerado tanto el informe interno de Intervención como el informe jurídico externo que se encargó. Y el secretario de la Junta de Gobierno de Castel Ruiz afirmó en la misma sesión que los convenios sometidos a aprobación "no se ajustan a derecho".
Dado el empecinamiento de UPN en no atender a razones, el PSN recurrió aquella decisión ante los tribunales. Aunque el Juzgado de lo Contencioso ya se pronunció en 2008, declarando nulos aquellos acuerdos porque "no son conformes a derecho", Castel Ruiz apeló a la instancia superior, y ahora el Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha ratificado la sentencia del Juzgado y ha condenado al Ayuntamiento a pagar las costas.
Está claro que la responsabilidad de este varapalo judicial es del grupo de UPN que, aun sabiendo que actuaba al margen de la ley, siguió adelante. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué Luis Casado se negó a aplicar una ley que, además, UPN y él mismo habían aprobado en el Parlamento Foral? A él le corresponde explicar esa evidente incoherencia...
