Hace ya un cuarto de siglo desde que se notificaron los primeros casos de SIDA. Desde
entonces, el SIDA ha cambiado de forma significativa nuestro mundo, y ha superado con
creces las peores predicciones. Lo que, al principio, eran unos pocos casos de una enfermedad
misteriosa, ahora es una pandemia que representa una de las mayores amenazas para el
progreso mundial en el siglo XXI, convirtiéndose, no sólo en un problema sanitario sino
también en un problema social que requiere nuevas políticas y nuevos compromisos.
El VIH ha infectado a casi 70 millones de personas, ha segado más de 25 millones de vidas,
ha dejado huérfanos a millones de niños, ha exacerbado las situaciones de pobreza y hambre
y, en algunos países, incluso ha hecho retroceder el desarrollo humano en general. En la
actualidad hay cerca de 40 millones de personas que viven con el VIH y la mitad de ellas son
mujeres. Sólo en 2005, se infectaron 4,1 millones de personas y se calcula que 11.000 personas
al día contraen la enfermedad. De hecho, ese mismo año, fallecieron por SIDA 2,8 millones
de seres humanos. Además, el SIDA ha reducido la esperanza de vida de las poblaciones de
algunos países africanos por debajo de los 40 años.
En los países del Norte, desde que el acceso a medicamentos antirretrovirales se generalizó,
han disminuido los casos de SIDA y la mortalidad por esta enfermedad, pero somos conscientes
de que la atención a las personas con VIH tiene grandes lagunas en el área social, jurídica
y laboral, y aún existen grandes obstáculos para detener el continuado crecimiento de nuevas
infecciones. Además, se corre el riesgo de creer que la enfermedad está controlada. En
España, desde el inicio de la pandemia se han notificado 73.013 casos de SIDA, pero se
estima que el número de personas seropositivas se sitúa entre 120.000 y 150.000 personas.
El 40,7% de las personas diagnosticadas de SIDA en 2005 no eran conscientes de estar
infectadas por el VIH en el momento del diagnóstico.
La situación en los países de menos rentas es, sin embargo, más difícil y desesperanzadora.
El África subsahariana concentra el 2% de la población mundial, pero alberga el 60% de las
personas que viven con el VIH en todo el planeta. Y esa cifra sigue subiendo, lo que convierte
a esta región en la más afectada del mundo.
En cuanto al continente asiático, se estima que en países como la India y China se podría
llegar a alcanzar tasas similares a las de África en tan sólo unos años. En América Latina las
bajas prevalencias nacionales ocultan algunas epidemias muy graves. De hecho, el Caribe
cuenta con la segunda tasa más alta de prevalencia de VIH del mundo.
En este contexto, las mujeres y las niñas son, una vez más, la población más perjudicada.
Las desigualdades pro razón de sexo, la violencia sexual, el acceso limitado a servicios de
salud sexual y reproductiva, algunas normas sociales y culturales, unido a la mayor
vulnerabilidad biológica a la infección respecto a los hombres, agudizan la feminización de
la enfermedad.
Por ello, aunque se han observado avances significativos en la cobertura de los servicios de
prevención y el acceso a tratamientos antirretrovirales en muchos países, los éxitos obtenidos
en la lucha contra la epidemia son insuficientes si los comparamos con el impacto internacional,
especialmente en países de rentas bajas.
La Campaña Mundial contra el SIDA este año ha elegido como lema “Detener el SIDA,
mantener la promesa”. Para los hombres y mujeres socialistas, el Día Internacional para
la Lucha contra el SIDA supone mucho más que una ocasión para renovar nuestros valores
y nuestras aspiraciones. Es, sobre todo, un reto. Y, por ello, reiteramos nuestro compromiso
y nuestra decidida apuesta para trabajar desde las instituciones en la disminución de las
nuevas infecciones en nuestro país. Necesitamos movilizarnos, y sumar más voluntades para
afrontar el mayor desafío que tiene nuestro mundo en el siglo XXI. Debemos unirnos a la
voluntad unánime de detener esta catástrofe humana.
Para ello, es necesario seguir trabajando para que se reconozca al VIH/SIDA como una de
las amenazas más serias para el desarrollo y la estabilidad mundial, trabajando para disminuir
el impacto de la pandemia con urgencia mediante una respuesta global y excepcional, tanto
en nuestro país, como a nivel mundial.
Consideramos necesario garantizar que las personas afectadas por el VIH/SIDA puedan vivir
en sus comunidades sin ser estigmatizadas y rechazadas por su condición de seropositivas.
Para que esto se mantenga, es necesario que las estrategias, las políticas y los presupuestos
de lucha con el VIH/SIDA incluyan, con especial atención, el respeto a los derechos humanos
y que se reafirmen en el compromiso de asegurar la aplicación de medidas destinadas a
combatir la discriminación y el estigma social de esta enfermedad.
En este día, queremos reiterar nuestro compromiso con la prevención. Hay que romper el
ciclo de las nuevas infecciones. Se debe garantizar la accesibilidad al preservativo como
elemento clave de una estrategia integral de prevención. Para ello, es necesario impulsar
programas de educación sexual e incidir en la necesidad de establecer programas que
aborden la salud sexual, al tiempo que fomentar los programas de reducción de daños en
el caso de las personas usuarias de drogas por vía parenteral y, especialmente, entre los
grupos más vulnerables. También nos comprometemos a que estos esfuerzos se adapten
a las realidades de la vida de las mujeres, facilitando su acceso a los servicios de salud, a
métodos de prevención, diagnóstico y tratamiento integral, promoviendo un verdadero
acceso al preservativo femenino.
Creemos necesario seguir impulsando, con los fondos necesarios, la investigación en la
consecución de una vacuna de acceso universal y la investigación sobre los microbicidas
como método eficaz para evitar la transmisión del virus entre las mujeres.
Consideramos que todas las personas que viven con el VIH tienen derecho a tener un futuro,
sin importar en qué lugar del mundo hayan nacido. Para que esto sea una realidad, es
fundamental garantizar que las estrategias, las políticas y los presupuestos aseguren el acceso
universal a los tratamientos VIH/SIDA. Se trata, en fin, de asegurar a todos los ciudadanos
que viven con el VIH una verdadera atención integral y multidisciplinaria que incluya nuevas
políticas sociales, laborales y jurídicas, tanto en el ámbito comunitario, como en el carcelario.
