Ante la detención de 36 militantes de Segi, Lokarri, Red ciudadana por el acuerdo y la consulta, quiere
hacer las siguientes consideraciones:
1- El Estado debe garantizar el respeto a los Derechos Humanos básicos de las personas detenidas. El
Comité contra la Tortura de la ONU recientemente ha hecho público un informe en el que alerta de
que el régimen de incomunicación vulnera las salvaguardas propias de un Estado de Derecho contra los
malos tratos y actos de tortura. Siguiendo sus recomendaciones pedimos que no se aplique a las
personas detenidas el régimen de incomunicación y que se les permita escoger abogado y ser visitados
por un médico de su confianza.
2- La presunción de inocencia de las personas detenidas es un principio rector en un Estado de derecho.
El circo mediático organizado alrededor de estas detenciones, con fotos y grabaciones de vídeo
incluidas, puede causar un daño irreparable en personas que todavía no han sido formalmente acusadas
ni condenadas.
3- Una causa que incrementa la preocupación que provocan estas detenciones son los precedentes.
Anteriormente se han organizado operaciones semejantes que tenían una intención preventiva, es
decir, detener a personas que presuntamente eran susceptibles de militar en ETA, pero que todavía no
habían ingresado en ella. Finalmente, tras varios años de prisión la gran mayoría de las personas
detenidas preventivamente han sido puestas en libertad sin cargos, aunque el daño causado por la
estancia injustificada en prisión es irreparable.
4- La militancia política en Segi no es un delito. Como consecuencia de los sumarios 18/98 y
Jarrai/Haika/Segi, que finalizaron con la consideración de que “todo es ETA”, la propia Segi está
ilegalizada. Pero concluir sin ningún fundamento que la militancia en Segi presupone la colaboración
con ETA, constituye un salto jurídico que lamina las libertades de expresión, reunión y asociación.
