El falso y fraudulento debate sobre si nos quitan o no las pensiones, como si de una serpiente de verano se tratara, aparece y desaparece siempre que a la minoría económica que ostenta el poder a través de sus colaboradores del PP-PSOE le interesa.
El Banco de España y la banca privada en su totalidad mantienen una ofensiva permanente respecto al agotamiento del Sistema Público de reparto. Está “guerra mediática” de la Banca tiene como objetivo sacar provecho de la reducción de los presupuestos públicos como consecuencia de la fiscalidad desigual e injusta que padecemos y de lo que ha supuesto el desfalco producido en las arcas públicas para pagar la cuenta de resultados de los Bancos.
Cuando la clase política profesional habla de las pensiones para sacar votos, estas cuestiones ni las mencionan y sólo ponen énfasis en los problemas de financiación de la parte del gasto y como resultado aparece la reducción de partidas presupuestarias y prestaciones.
Con el actual sistema financiero en crisis, con la exigencia de liquidez por parte de los bancos para evitar el apalancamiento financiero, no nos puede extrañar que un día si y otro también nos hablen del negro futuro de las pensiones públicas y se anuncie la revisión del Pacto de Toledo.
Hoy, los políticos profesionales y los sindicatos del régimen (UGT-CCOO) están maquinando aumentar los requisitos para el acceso a una pensión, el aumento del periodo de cotización o reducir la cuantía.
No existe un problema de viabilidad del Sistema Público. Aquí se centra el debate. El problema reside en la voracidad del Sistema Financiero que reclama el control del ahorro público y el salario diferido en forma de pensiones, para poder seguir disponiendo de un caudal financiero para poder invertir otra vez en los mercados especulativos.
Esto en definitiva lo que significa es arruinar el modelo público y desarrollar una campaña intoxicadora para meter el miedo en el cuerpo y privatizar el sistema.
Desde el Pacto de Toledo está abierta la puerta, de par en par, a los sistemas mixtos y a partir de ahí se han ido dando diferentes reformas para empeorar el sistema de reparto y favorecer la capitalización.
No se pueden aceptar más recortes. Los trabajadores y las trabajadoras somos la parte más afectada y debemos ponernos en pie y todos juntos para exigir al Gobierno de Navarra altura de miras y el blindaje de las pensiones públicas en Navarra.
Además es necesario y urgente la gestión y ordenación de las pensiones navarras bajo control de las instituciones navarras y no en Madrid.
La mayoría social y política que conformamos los trabajadores y trabajadoras debiera ser suficiente para respetar la decisión mayoritaria de mantener las pensiones públicas pero mucho me temo que la minoría financiera y especulativa que hoy manda, sus políticos poltroneros y sindicalistas vendidos y su ejercito-policía no entienden de respetar mayorías.
Nuestra salvación está en blindar Navarra. Navarra debe poner en marcha un modelo propio de sistema de seguridad social y acorde a nuestras necesidades económicas y sociales.
Todos los agentes públicos y sociales debieran implicarse en contrarrestar la guerra mediática de la todopoderosa Banca española y sus secuaces para liquidar el sistema público de pensiones.
Hay que levantar la voz y afirmar rotundamente que el sistema público de reparto es viable, factible y necesario y se tiene que reconstruir, aquí en Navarra, partiendo de nuestra realidad económica y socio-laboral.
Las pensiones, nuestro salario diferido, lo tenemos que gestionar los navarros y navarras aquí y ahora, y si no se lo llevarán a Madrid o a Washington.
