El pasado martes ETA anunció la ruptura del alto el fuego que mantenía desde el 22 de marzo de
2006. A partir de este anuncio han sido prácticamente unánimes las voces que reclaman a ETA el fin
de la violencia para que la sociedad vasca pueda convivir de manera pacífica y democrática. Esta
decisión nos conduce a una vuelta al pasado que esta sociedad ya creía superado, donde pueden
repetirse momentos de dolor, sufrimiento, amenaza y vulneraciones de los derechos humanos.
En estas circunstancias la peor decisión es entrar en una espiral de hechos enmarcados en la estrategia
del “todo vale” para combatir a ETA. El Estado debe actuar desde un absoluto respeto a los derechos
humanos y libertades democráticas básicas. Esta afirmación es válida en cualquier circunstancia, haya
o no haya proceso de paz. De lo contrario se transmite el mensaje de que los derechos humanos y
libertades democráticas básicas quedan sujetos a la discrecionalidad del gobierno de turno y pierden su
esencia como principios elementales para la gestión de la convivencia.
En este sentido, tanto la decisión de trasladar a la cárcel a Iñaki de Juana como la detención de
Arnaldo Otegi contribuyen a la percepción generalizada en nuestra sociedad de vuelta al pasado.
Observamos con estupor cómo la ruptura del alto el fuego conlleva una reacción del Gobierno de
Zapatero basada en el empleo de los métodos ya utilizados por el Gobierno del Partido Popular: la
venganza y la exclusión. Venganza porque da la sensación de que la base para tomar ambas decisiones
ha sido únicamente responder a la ruptura del alto el fuego. Exclusión porque Arnaldo Otegi es el
portavoz de Batasuna, una formación política con un amplio arraigo en la sociedad vasca que ha
tenido un papel protagonista en el proceso de paz.
El Gobierno se equivoca de camino. La respuesta a ETA es “más democracia”. Caer en la tentación de
responder por cualquier medio supone alimentar una espiral de violaciones de derechos humanos que
ya ha demostrado sus graves consecuencias en el pasado. En cambio, la apuesta por la democracia, los
derechos humanos y el diálogo colocan a ETA en una posición en la que cada vez le será más difícil
justificar la vuelta a la violencia.
Finalmente no hay que olvidar que la sociedad vasca ha defendido y mantiene unos principios claros
para lograr una convivencia pacífica y democrática. Estas últimas decisiones vulneran las voluntades
sociales mayoritarias. Por ello, desde Lokarri solicitamos que se convoque una consulta popular en la
que la sociedad pueda pronunciarse directa y democráticamente para decir sí al fin de la violencia y al
respeto a los derechos humanos, para decir sí a la mesa de partidos, para decir sí al respeto a la
voluntad popular y para deslegitimar a todos aquellos que quieren buscar las soluciones por medio de
la violencia, la exclusión, la imposición o la negación del diálogo.
