Se acaba de aprobar la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo en el Senado, una Ley controvertida que ha levantado una gran contestación de los colectivos más conservadores y religiosos de este país.
Sin duda alguna estamos en una cuestión muy delicada que afecta a la conciencia de las mujeres, ya que son ellas quienes libremente deben tomar la decisión.
Desde el máximo respeto a las opiniones contrarias, me parece que esta Ley era una asignatura pendiente que tenía la democracia en nuestro país. En el franquismo la actividad abortiva era clandestina, sujeta a graves riesgos como actividad ilegal en España; la alternativa era Londres o Francia.
Posteriormente, en el año 1985, se despenalizó parcialmente el aborto; entonces ya se produjo un debate de aborto sí, aborto no. Seguramente salió la mejor Ley posible, pero era una solución provisional porque seguían existiendo trabas que han afectado a la seguridad jurídica tanto de las mujeres como de los profesionales sanitarios.
Han pasado 25 años y considero que la sociedad española está madura para disponer de una legislación que nos permite homologarnos con el resto de los países europeos (con excepción de Irlanda y Malta), con una ley de plazos.
Fundamentalmente es el derecho a decidir de la mujer el que se convierte en el referente de esta Ley. Así se reconoce el derecho a la maternidad libremente decidida, que implica que las mujeres puedan tomar la decisión inicial sobre su embarazo y que esa decisión, consciente y responsable, sea respetada.
La sociedad española, con más de 110.000 interrupciones voluntarias del embarazo en el último año, debe dar respuesta a esta necesidad con las mejores garantías para las mujeres. Debemos buscar salidas dignas y razonables a esta necesidad social. Los aspectos personales o religiosos son respetables, por eso se habla de interrupción voluntaria, pero no deben invadir la libre decisión de la mujer.
La Ley enmarca la interrupción voluntaria del embarazo en una Ley que garantiza la intervención de los poderes públicos en políticas sanitarias, educativas y sociales, y que garantiza, igualmente, la atención a la salud sexual y reproductiva y a la formación de profesionales de la salud.
El camino para evitar el aborto es una mejor educación sexual, un mayor acceso a los métodos anticonceptivos, mejores recursos preventivos y un apoyo a mujeres con dificultades que tienen un embarazo deseado. Pero siempre respetemos a la mujer en su libre decisión sobre su maternidad.
