El mayor valor de la democracia es el de permitirnos vivir en libertad, tratando de impedir el dominio de unas personas sobre otras. Pero el disfrute de esa libertad, objetivo permanente del progresismo, ha sido siempre una conquista alcanzada de forma muy desigual por los distintos países y sectores sociales: los occidentales antes que los orientales, los hombres antes que las mujeres, los ricos antes que los pobres, los nativos antes que los extranjeros.
En España, la incorporación de la mujer a la democracia fue obra de la República (1931) primero y de la Constitución (1978) después. Pero aunque en nuestro país ya hay entre hombres y mujeres igualdad de derecho (ámbito jurídico-político), está claro que todavía hay desigualdad de hecho (ámbito socio-económico). Lo que significa que las mujeres son menos libres que los hombres, que a su proceso de "liberación", aun habiendo avanzado mucho, le queda bastante recorrido. No se trata de lograr que la mujer sea igual que el hombre, sino que tenga igual posibilidad de vivir su vida. El sentido de la democracia no es hacernos iguales, sino igualar nuestra posibilidad de elegir.
Y hoy en España las posibilidades de las mujeres son bastante menores que las de los hombres, pues se hacen cargo de la mayoría del trabajo doméstico, cobran en las empresas un 40% menos, tienen mayor precariedad laboral, su riesgo de pobreza es el doble, sufren el 90% de las agresiones sexuales, su cuota de poder en las empresas e instituciones es muy reducida, etc.
Precisamente por ello resulta muy oportuna la nueva ley de igualdad que propone el gobierno ya que, aunque la ley no puede por sí sola solucionar el problema, pues se necesita un cambio cultural que requiere tiempo, va a suponer sin duda un avance significativo en la buena dirección. Las disposiciones más significativas son la obligación de implantar medidas de igualdad en las empresas, la preferencia de estas empresas en los contratos con la administración, un permiso de paternidad de 10 días, mayores sanciones frente al acoso, la paridad en las listas electorales (entre el 40% y el 60%), etc.
