El inicio de la crisis fue las hipotecas subprice americanas. La crisis financiera, se ha convertido en una crisis económica, y ésta nos ha llevado rápidamente a la recesión económica. La crisis financiera produce una desconfianza generalizada entre todos los actores económicos, nadie se fía de nadie, y no se prestan dinero. El resultado supone una gran falta de liquidez, que en algún caso llega a una falta de solvencia.
Los gobiernos occidentales, con el dinero de todos, se han lanzado al rescate del sistema financiero, con sumas elevadísimas, para evitar males mayores. Tanto para los particulares, como para las empresas, la situación es dificilísima. Nuestro Gobierno han pasado de no reconocer la crisis, a lo opuesto, cuando ha podido culpar a otros. Ahora ZP quiere ser actor en la refundación del nuevo sistema capitalista mundial, sic.
En su origen, la crisis financiera, a España le vino de fuera. El desarrollo español ha estado demasiado centrado en el ladrillo, acompañado de una elevadísima deuda externa. Todos hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, y ahora hay que pagar los excesos. Por desgracia, en un escenario donde el paro se ha disparado.
En un mundo interconectado, la información la conocemos en tiempo real: han fallado no sólo las hipotecas, también han fallado los mecanismos de control de los mercados: las Agencias de Calificación de Riesgos, la ausencia de normas de control de los bancos de inversión, como el sistema perverso de remuneración de los altos directivos de las grandes empresas, que han sido de verdadero escándalo.
El premier inglés M. Brown, ha pedido relanzar los valores éticos, apostando por la justicia, por recompensar el trabajo y el esfuerzo, y la responsabilidad en la toma de riesgos. El fallo no ha estado en el mercado, sino en sus mecanismos supervisores que no han funcionado, al consentir una opacidad extrema de algunos productos financieros. El fallo, seamos honestos, también ha sido el facilitar, tanto dinero, tan barato, y durante muchos años, a las familias, a las empresas y al propio estado. Con esta locura colectiva de consumo, hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, y hemos vivido un sueño con un desarrollo económico espectacular.
Pero la crisis no es sólo económica, también tiene que ver con la pérdida de principios morales. “La banca se alejó de los fundamentos éticos”, según Horst Köhler, Presidente de Alemania y ex gerente del FMI, la “ceguera colectiva” y la mentalidad de “enriquecerse rápido” han traído la crisis. ¿Quién tiene la culpa? Un puñado de codiciosos o el espíritu de la época. Hasta ahora ha habido una evolución social que se ha basado en el siguiente principio: todo el mundo quiere hacerse rico y, en principio, además con el mínimo esfuerzo personal. La gente pensaba que hacer negocios con dinero, era la forma más rápida de lograrlo; así no había que partirse la espalda trabajando. Por desgracia, esta mentalidad se ha generalizado. Prosperar, trabajando duramente, ha sido visto como una tontería; cumplir la ley si era posible sortearla, también. El esfuerzo, la honradez, la integridad y la ética en el trabajo se han llegado a ver como cosas antiguas y conservadoras.
Hoy lo que deberíamos hacer en España, es volver a hacer unos Presupuestos Generales del Estado, nuevos, con un gran consenso del PSOE y del PP, que recorten el gasto público corriente, que incorporen una política fiscal que de dinero a los particulares y a las empresas. Que acometa reformas estructurales que no se han acometido en los últimos cinco años, como son: una política de liberalización del suelo; una reforma de la Administración, que la haga más eficaz y menos cara; una política energética solvente, que modernice las centrales nucleares; un abaratamiento de los despidos; un abaratamiento del coste de la Seguridad Social a las empresas; una política educativa consensuada, más eficaz y no necesariamente más cara.
La salida de la crisis debería estar acompañada por un reforzamiento de la calidad democrática de España: democratización de los partidos; independencia de los organismos de control; despolitización de la Justicia; nueva ley electoral; cerrar el modelo de Estado; aclarar las competencias de las Comunidades Autónomas, conservando un Estado viable; una Política de Defensa, no asistencial al estilo de las ONGs; claridad en la financiación de los partidos políticos.
