Hace poco tiempo tuvimos en el Senado un debate sobre la corrupción que considero de máxima importancia para la salud democrática de este país. En esta época de confusión, donde los valores se tambalean, me parece oportuno hacer unas reflexiones sobre este tema que considero de gran importancia.
Nuestra democracia todavía joven y vulnerable ha puesto los instrumentos para evitar la corrupción. Disponemos de órganos de control interno –la intervención-, de tribunales de cuentas, de órganos judiciales especializados y de un “corpus” normativo que hace que nuestras leyes persigan la corrupción. Sin embargo, existe siempre la sensación de que esta lacra persiste, avivada en los últimos años por los nuevos casos de corrupción que nos han acompañado (caso Gürtel, urbanismo). Parece que la sociedad no ha reaccionado en la medida en la que se suponía, parece que somos permisivos con esta práctica mientras no afecte a las expectativas de voto; podemos estar tranquilos, hay temas más importantes, como es la crisis económica y el paro.
Pero creo que le debemos dar más importancia porque afecta a la esencia de la democracia, porque afecta a la confianza de los ciudadanos en los políticos, porque afecta al funcionamiento de la sociedad. La honestidad y la decencia forman parte del hacer político y de la función pública, todos debemos comprometernos en respetar estas reglas sagradas, de lo contrario debemos salir rápidamente de la esfera pública.
España no puede convivir con la corrupción porque, si este sentimiento cala profundamente en la sociedad, es difícil extirparlo. Un primer mensaje a transmitir a nuestros políticos: no todo vale o que vale todo hasta que los tribunales digan lo contrario; no es necesario llegar hasta la vía penal para defender a los políticos de “mi partido”. Dice Emilio Sánchez Ulled, Presidente de la Unión Progresista de Fiscales y fiscal anticorrupción en Barcelona: “Existe una confusión por la que los dirigentes políticos vinculan el principio de responsabilidad política al principio de presunción de inocencia penal”.
Objetivamente, existen áreas de riesgo como son la financiación de partidos políticos; la contratación, especialmente de obras públicas; las subvenciones; y el urbanismo, en las que si no establecemos controles o se dejan líneas de sombra y opacidad o poca transparencia en su gestión, estaremos creando el caldo de cultivo idóneo para que las prácticas irregulares puedan desembocar en prácticas de corrupción.
Desde la necesaria dignificación de la política y de la función pública, mantengo que los casos de corrupción política son casos aislados, pero eso no significa que seamos permisivos y que bajemos la guardia ante una cuestión que afecta a toda la sociedad.
