La Coordinadora Verde muestra su apoyo a la huelga en el sector público que tendrá lugar el próximo 8 de junio en respuesta a los recortes antisociales aprobados por el Gobierno. Para la Coordinadora Verde, las medidas adoptadas muestran el agotamiento de un modelo económico que ya no se molesta en disimular al servicio de quién está, puesto que perjudican a los sectores más débiles de la sociedad mientras que no se ha tomado ni una sola medida para eliminar los paraísos fiscales, el fraude fiscal, la economía sumergida e impulsar, por otra parte, una fiscalidad progresiva.
CAJASUR como piedra de escándalo
“Hacer recaer el peso de la corrección del déficit sobre los sectores más indefensos de la sociedad sin pedir ningún esfuerzo a quienes podrían hacerlo sin que les representara ningún sacrificio, muestra el fracaso social de la política del Gobierno en particular y del modelo económico en general”, ha declarado el coportavoz de la Coordinadora Florent Marcellesi, que pide una reforma fiscal profunda que avance en una fiscalidad verde y un cambio en el modelo productivo. “Si en España se aprobara que quien contamine, pague, el Estado tendría un inmenso superávit”, ha ironizado Marcellesi.
La coportavoz de la polataforma, Sonia Ortiga, manifiesta que “resulta dificil explicar a los jubilados a quienes se congela las pensiones por un déficit que ellos no han provocado, que en cambio sí va a haber 600 millones de euros de dinero público para rescatar a Cajasur, y no es que los mayores sean menos inteligentes porque yo tampoco me lo explico".
Añade Ortiga que "lo cierto es que los obispos argumentan que han optado por la intervención para proteger a los empleados de Cajasur, pero no es menos cierto que sus máximos responsables han seguido suministrando crédito inmobiliario hasta el último día como durante el boom inmobiliario. Es dificil deslindar su empeño de salvar del despido a los empleados de la caja de ahorros de la negativa del consejo de administración a asumir la responsabilidad de una gestión que ha llevado a la misma a la insolvencia y ha hecho que la intervención se considere un mal menor y hasta algo deseable”.
La organización ecologista, partidaria del decrecimiento ordenado y concertado, afirma, por otra parte, que el conjunto de medidas adoptadas impedirán el crecimiento del empleo en España, que es, además, el primer drama social al que habría que dar solución.
