La Comisión Ejecutiva de IUN-NEB ante la pésima gestión del Gobierno de Navarra en relación al sistema sanitario público, y ante el deterioro que viene sufriendo la sanidad pública en los últimos años, ha aprobado una Resolución en defensa de la sanidad pública.
La política del Gobierno de Navarra con la sanidad pública en los últimos años debe ser calificada de nefasta y peligrosa para el mantenimiento futuro de una sistema público de calidad.
Entre otros elementos, la gestión del Gobierno de Navarra se ha caracterizado por unos presupuestos cicateros e insuficientes, que se han traducido en una pérdida de calidad del sistema, por una falta de planificación y previsión que se traduce en una alarmante inestabilidad y temporalidad de las plantillas, así como por un recurso cada vez mayor a la sanidad privada que se concreta en una masiva derivación de pacientes hacia dicha red privada.
Decisiones como la de bloquear los contratos para sustituciones, o la de mantener un nivel de temporalidad en la plantilla del servicio navarro de salud que supera el 40%, son ejemplos muy significativos que avalan el análisis y denuncia que realizamos.
La necesaria austeridad y racionalidad en la gestión de los recursos públicos no debe suponer en ningún caso aplicar políticas de restricción y recorte en la sanidad pública. En este sentido hay que subrayar que Navarra, al igual que el conjunto del Estado, mantiene en relación al PIB un gasto sanitario público muy inferior al de la media de la UE-15.
Resulta indignante que un gobierno que despilfarra cientos de millones de euros mediante decisiones o actuaciones en absoluto prioritarias (Circuito de Velocidad de Los Arcos, Museo de los Sanfermines, compra de acciones de Iberdrola, supresión del Impuesto sobre el Patrimonio...) quiera señalar a la sanidad pública como responsable del déficit presupuestario, y quiera actuar sobre ella con criterios de restricción y recorte.
Por ello desde la Comisión Ejecutiva de IUN-NEB exigimos al Gobierno de Navarra y al PSN (socios presupuestarios) que en lo que resta de la actual legislatura:
- Se garantice en todo momento la suficiente financiación del sistema sanitario público, sin introducir políticas de restricción y recorte de derechos y servicios.
- Se considere el servicio público sanitario como un servicio prioritario en la asignación de recursos públicos.
