Es posible que muchos de los debates que tienen lugar en el Parlamento sea difíciles trasladarlos a la ciudadanía por la complejidad de los mismos. Tal vez ocurra esto con un asunto: el caso de la Fundación Humanismo y Democracia y la fiscalización que ha realizado a petición de Izquierda Unida de Navarra la Cámara de Comptos. En ella se detectan en 2004 unas facturas de retribuciones por asesoramiento prestado por un alto cargo y dos funcionarios del Gobierno foral para un proyecto en la República Dominicana. Se preguntará algún lector tal vez despistado, ¿quién está metido en este embrollo? Estos hechos se le imputan ni más ni menos que, a cargos de confianza del Gobierno de Navarra de UPN.
En dos proyectos de Bolivia, se dice en el informe, hemos observado que la concesión de ayudas a la Fundación se amparan en proyectos elaborados por funcionarios del Gobierno de Navarra y ejecutados con la cooperación de los mismos. Trabajo realizado por unos, con el mejor sentido de la colaboración, y cobrado por otros. Los “listos”, por decirlo de modo suave.
Esto da que pensar y esta es la cuestión, personas muy bien relacionadas con la Fundación y a la vez cargos políticos de confianza en el Gobierno UPN, están implicados en este proceso y no se les ha obligado a dimitir de sus cargos, sino que han dejado sus puestos intentando desligar la responsabilidad política en que haya podido incurrir el partido al que pertenecían todos ellos.
No me sirve que se diga por parte del Sr. Palacios que irá hasta el final en este turbio asunto, que quien primero ha descubierto el pastel ha sido el propio departamento de Bienestar Social. Durante meses, las personas objeto de investigación han permanecido en sus cargos, nunca el Gobierno de UPN los cesó. De lo que se trata es de evidenciar la connivencia que existía entre algunos cargos de gran confianza del Gobierno y las actuaciones que ahora están en la fiscalía ante la posible existencia de delitos contra la hacienda pública, cohecho y falsedad documental.
