A mediados del siglo XVIII, se puso en funcionamiento la Ley de la Oferta y la Demanda, con el propósito de buscar un equilibrio justo de precios, entre el sector productivo y el consumidor y así, poder garantizar el suministro de las materias en libre competencia, de manera que el sector productivo no vendiese por debajo de los costes de producción, y el consumidor no pagase por esos productos más importe de lo estrictamente necesario.
La encargada de defender la libre competencia entre los mercados, es la Comisión Nacional de la Competencia (CNC). Cuando uno lee ciertos párrafos del informe de la CNC, emitidos el pasado mes de Octubre en respuesta al anteproyecto de Ley de Calidad Agroalimentaria del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM). Uno piensa, que fuerte se es con los débiles, y que débil con los fuertes. Menudo mérito.
La CNC considera que el texto legal que se apruebe por parte del MARM, no debería permitir el riesgo de “confusión normativa o de incertidumbre jurídica”, respecto a la obligación de respetar las normas de defensa de la competencia, en particular en las modificaciones de la ley reguladora de los contratos-tipo agroalimentarios y en el modelo de protección de calidad diferenciada.
A este organismo que vela por la ley de defensa de la competencia, le preocupa el papel que puedan jugar las organizaciones de productores (OP) y la posibilidad de poder negociar precios mínimos y condiciones de pago en representación de sus miembros, porque “supondría eliminar la competencia en el mercado en cuestión, claramente más allá de lo que permite actualmente la legislación”, sabiendo que dicha posibilidad “entra en contradicción con la propia ley, en la que estipula la prohibición de vender por debajo de costes de producción”.
Todas estas consideraciones no se concilian muy bien con la propuesta que la Comisión Europea esta preparando, donde se plantea que en los contrato entre el sector productivo y el sector industrial, puedan incluir indicadores de precios mínimos y ser negociados por los diferentes OP. Tampoco se concilian con posturas, como la del Ministro Francés de Alimentación, Bruno Le Maire, que anunció que aplicaría por decreto la contractualización en sectores en crisis (Leche, fruta y hortalizas).
