A partir de enero, la ciudadanía no tendrá la obligación de presentar documentos como el DNI, empadronamiento, el título universitario, certificados de pagos de impuestos, y así hasta medio centenar de tipos de credenciales y escritos, en los trámites que realice con la Administración Foral.
Éste es el objetivo fijado por el Gobierno, que el día 13 aprobó un conjunto de instrucciones en los procedimientos documentales. La iniciativa se enmarcó dentro del Plan de Simplificación Administrativa puesto en marcha en 2013, en cumplimiento de la Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de Transparencia y Gobierno Abierto y representará un paso adelante, si bien deja a mitad de camino la necesidad de eliminar trabas que demandan los administrados.
Si a la necesidad de trámites, como ocurre en el Ayuntamiento de Tudela, se le añaden técnicos inoperantes, sin preparación, sin criterio ni dirección, y que caen en la falacia de ‘cogerse la baja’ cuando el trabajo empuja y presiona, jamás llegaremos a dinamizar la sociedad y la economía lo necesario para, de verdad, apostar por el ‘emprendimiento’ y por unos servicios públicos óptimos.
