Toda organización social compleja, necesita delegar el monopolio del uso de la fuerza en un Estado. Ello fortalece la convivencia, impidiendo que alguien se tome la justicia por su mano. La aplicación de la fuerza requiere proporcionalidad con el delito cometido. Es un sinsentido que con la legislación vigente entre 1973/1995, diese lo mismo asesinar a uno que a veinte. Esto no lo entiende nadie.
En origen, el código de 1973 contemplaba penas máximas de 30 años, reducibles a 20 años, por beneficios reglados. Este código contemplaba la pena de muerte, que fue derogada en 1978. Nuestros políticos introdujeron en la actual legislación -con gran ingenuidad- la importancia de buscar, casi con más ahínco, la reinserción del delincuente, que el castigo del culpable, con el cumplimiento efectivo de la pena.
Todos sabemos que son muy pocos los casos de los reos que se reeducan, ya que la cárcel siempre ha sido y sigue siendo un escuela de delincuentes. Los políticos con la martingala de que 'no hay que legislar en caliente', etc., y por no cambiar la legislación penal en su momento, intentaron solventar su incongruencia, con una Doctrina Parot llena de sentido común, pero que en algún caso específico era de difícil aplicación, al forzar en exceso la legislación.
Así pues, ¿es Estrasburgo culpable de la actual sin razón? No. Se han limitado a impedir la retroactividad en cómo computar la redención de penas. No juzgan la sentencia, ni los años de condena. Por ello, los efectos de la sentencia son realmente perversos, incomprensibles tanto para las víctimas, como para cualquier ciudadano.
Hoy sufrimos la incompetencia de la clase política, que acrecienta nuestra preocupación, porque todos estos sucesos no los podemos abstraer del marco de negociación de ETA/ZP. Nos mosquea la innecesaria celeridad de la Sala de lo Penal liberando a la etarra, y la predecible actuación del juez López Guerra.
Reconozcamos hoy que el Gobierno González tardó trece años en cambiar el código penal, siendo el responsable directo del actual lío. A partir de los delitos de 1995, ya no podrán ocurrir sucesos tan lamentables como los de ahora. Deberíamos sacar conclusiones de futuro, para que no vuelva a suceder, que lo legal no sea lo más justo, y esté tan alejado del sentido común.
Contemplamos como el 'buenismo' en materia penal, choca con la realidad. Está muy alejado de lo que entiende la mayoría ciudadana por justicia. Es patético el silencio de los socialistas. Complica más las cosas, que todo se desarrolle en el marco de una justicia parsimoniosa, plagada de tecnicismos y excesivamente garantista, que impide que se perciba como justa, por la mayoría ciudadana.
Deberíamos exigir más a los gobernantes, y a nosotros mismos, para que, con principios, haya coherencia entre las ideas de los representantes y las de los representados. Las incoherencias de un Estado de Derecho frente al terror, nos desamparan. Así no vamos bien, debemos corregir el rumbo. Debemos ser todos más exigentes y responsables con nuestro voto.
Ricardo Guelbenzu
