Transcurridos más de setenta años del levantamiento militar contra la legalidad republicana, son cientos los asesinados que descansan todavía en las cunetas y en los muros de los cementerios, a la espera de su justo reconocimiento y reparación como víctimas del la Guerra Civil y del franquismo, por dignidad y por justicia.
La actual etapa democrática representa el período más largo de convivencia pacífica entre españoles, después de una guerra fraticida de la que nadie puede sentirse orgulloso, aunque ello no sea óbice para que muchos sigamos reivindicando que la legalidad democrática estuvo del lado de quienes defendieron la Republica frente a fuerza de las armas.
El precio de la sinrazon fue indiscutiblemente muy alto, no sólo durante la propia guerra, sino también durante decenas de años en los que miles de personas fueron asesinadas y represaliadas por defender sus ideas y principios de libertad y justicia social.
Durante la paz de los cementerios se impuso una nueva consigna: ¡Viva Franco! y las dos Españas, que más que atadas y bien atadas seguían separadas y bien separadas, siguieron rutas diferentes. Durante décadas se han escrito dos historias, que trataban de justificar las actuaciones de unos o de otros, pero dos historias separadas.
Durante años, todos hemos llorado a nuestros muertos, unos que sí contaban con la bendición apostólica y el reconocimiento oficial y otros escondidos en el abandono legal e institucional, que no en el olvido de quienes les hemos seguido recordando en lo más profundo de nuestro corazón.
Después de setenta años tenemos ahora una nueva oportunidad de avanzar en la superación de las dos Españas, desde el respeto y la comprensión mutua.
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En este marco cabría situar dos hechos recientes, uno que obedece al reconocimiento de la memoria histórica de un grupo social, es decir la iglesia católica, y otro a la aprobación de una ley que aborda el reconocimiento de la memoria histórica colectiva por parte de las instituciones.
Cuando el pasado 28 de octubre el cardenal Saraiva, prefecto de la Congregación de las Causas de los Santos, beatificó en Roma a cuatrocientos noventa y ocho religiosos, realizó un ejercicio de memoria histórica, conforme a los ritos y creencias de la iglesia católica, y afortunadamente nadie ha levantado la voz en contra de un acto al que esta institución tiene derecho.
Por el contrario, cuando el Gobierno de España promueve una Ley de Memoria Histórica, en un intento legítimo y necesario de avanzar hacia una sola memoria histórica colectiva, se levantan voces que anteponen sus creencias personales o de grupo, a los intereses colectivos de los españoles.
Una ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura.
¿Cómo es posible que pueda ser descalificada una ley que supone un paso más en el camino de reconciliación expresada en la Constitución y que entierra definitivamente las consecuencias de la Guerra Civil y el mito de las dos Españas?
La Ley de Memoria Histórica culmina un proceso de reconocimiento y reparación de las victimas de la Guerra Civil y de la dictadura franquista. El espíritu de la transición que ha dado y da sentido a nuestro modelo constitucional de convivencia es también el que explica todas las medidas y derechos que se han ido reconociendo, desde el origen mismo del período democrático, a favor de las personas que durante los decenios anteriores a la constitución sufrieron las consecuencias de la Guerra Civil y la dictadura.
Por ello, restituir el honor de las víctimas pasa por la condena explícita del régimen de Franco, asumir la ilegitimidad de los tribunales sin garantías y de sus sentencias, reconocer las creencias religiosas como motivo de represión y declarar la ilegitimidad de los tribunales sin garantías y de cualesquiera otros órganos penales o administrativos, constituidos durante la guerra civil para imponer condenas por razones políticas, ideológicas o religiosas, como el Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo, los Tribunales de Orden Público y los Tribunales políticos y Consejos de Guerra, tal como recoge el texto legal.
No queremos dos historias, sino una sola memoria colectiva, que restituya el honor de los agraviados durante setenta años.
