Gracias a Miguel Sanz, presidente de UPN y del Gobierno de Navarra, vamos sabiendo cada vez con mayor precisión cuál es el precio político, o la parte del precio político referida a Navarra, que no debe pagarse en ningún caso a ETA para que ésta abandone el terrorismo.
No debe constituirse una mesa de diálogo en Navarra, porque podría interpretarse como una cesión a ETA. Curioso. ETA nunca ha pedido una mesa de diálogo en Navarra, ni lo ha hecho tampoco la autodenominada izquierda abertzale , el sector político que ha venido compartiendo las posiciones de ETA. En realidad, tradicionalmente han venido rechazando una mesa de diálogo en Navarra, ya que consideran que debe constituirse una única mesa de diálogo para el conjunto de Euskal Herria, es decir, para Navarra, la Comunidad Autónoma del País Vasco y los tres territorios de Iparralde o País Vasco francés.
No debe constituirse nunca jamás un órgano común entre la Comunidad Foral de Navarra y la Comunidad Autónoma del País Vasco, porque sería también una cesión a ETA. También curioso. ETA y la corriente política que le ha venido apoyando han estado siempre en contra de la existencia separada de esas dos comunidades y, por ende, de establecer mecanismos de cooperación que consagran dicha separación y el marco político existente, y por ello rechazaron el "órgano común permanente" que, sobre una idea original de Jaime Ignacio del Burgo, aprobó el Parlamento de Navarra en 1996.
Debe derogarse la Disposición Transitoria Cuarta de la Constitución, que es una amenaza para Navarra. Se acusa al presidente José Luis Rodríguez Zapatero de no apoyar esa derogación como cesión a ETA. Curiosísimo. ETA nunca ha apoyado la Constitución española ni ninguno de sus preceptos, y en particular tampoco la Disposición Transitoria Cuarta. Esta norma procede de un acuerdo entre UCD, PSOE y PNV en diciembre de 1977 en el momento de establecerse el régimen preautonómico vasco. Un acuerdo rechazado en su día por los sectores políticos próximos a ETA, que nunca han defendido la Disposición Transitoria Cuarta, a la que un cualificado portavoz de la "izquierda abertzale" acaba de describir como "una herramienta antidemocrática nacida para imponer la división territorial de Euskal Herria y para blindar un marco político que solamente beneficia a UPN".
