Todos los grupos del hemiciclo foral estuvieron de acuerdo el jueves pasado a la hora de aprobar la nueva Ley de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de la muerte. La medida pretende dar sentido al final de la vida, es decir, velará por dar asistencia a los enfermos terminales de forma que se asegure el respeto a la persona y a sus creencias, y tiene como objetivo permitir morir en paz y bien, determinando cuáles son los deberes del personal sanitario que atiende a estos pacientes, así como las garantías que las instituciones sociosanitarias estarán obligadas a proporcionar en relación a este proceso, que no es nada... De este modo, Navarra se convierte en la segunda comunidad -tras Andalucía- que se atreve a trasladar a norma la posibilidad de que el paciente rechace un tratamiento, la limitación de las medidas de soporte vital y la sedación paliativa. Ahora, sería deseable que la Ley no se convierta también en arma política arrojadiza: ¿La calificarán de Eutanasia y habrá problemas?
