La ciudadanía de Tudela está insatisfecha desde hace tiempo con la situación de la limpieza en la ciudad. Por eso, desde el PSN llevamos años proponiendo diversas medidas para su mejora. Venimos reclamando un plan de civismo, por una parte, para que se ensucie menos y un plan de limpieza, por otra, para que se limpie mejor.
1. En 2009 UPN aceptó inicialmente nuestras propuestas, pero luego las gestionaron mal, nos salieron caras y finalmente se quedaron en nada. Para mejorar el civismo contrataron a una empresa, contra nuestro parecer, que nos cobró 19.000 € en 2010, pero el bodrio de plan que hizo resultó inservible. Para mejorar el servicio de limpieza se comenzó encargando una auditoría en 2009, que nos costó 17.284 €, para evaluar la gestión del Ayuntamiento y de la empresa contratada e introducir las mejoras oportunas.
2. El informe de auditoría sí hizo un buen diagnóstico y unas adecuadas recomendaciones para la mejora de la gestión municipal de las contratas, que en su conjunto (limpieza viaria, jardinería, limpieza de edificios, mantenimiento eléctrico, etc.) vienen a suponer entre 4 y 5 millones de euros anuales. La auditoría detectó en la contrata de limpieza viaria “un exceso de facturación” y “un uso excesivo de personal eventual”, constatando que “el Ayuntamiento no realiza controles de carácter económico sobre la concesión” ni “ningún tipo de control sobre la ejecución del servicio”. Como consecuencia, el informe concluyó con bastantes recomendaciones, diversas y concretas, para corregir las numerosas e importantes deficiencias municipales, insistiendo en la necesidad de crear “una Unidad de control de concesiones”. Lamentablemente esa auditoría acabó en el cajón y sus recomendaciones ignoradas, a pesar de las reiteradas quejas del PSN.
3. Paradójicamente en la misma fecha, diciembre de 2009, UPN aprueba por urgencia la propuesta de la empresa de reestructurar y reducir el servicio de limpieza para 2010, como consecuencia del recorte económico impuesto del 3,4%. UPN prescinde de la auditoría contratada y de cualquier informe municipal, técnico o jurídico, limitándose a modificar el contrato inicial recortando la limpieza en los términos que propone la empresa, sin reformar ni mejorar ni fiscalizar la gestión del servicio.
4. Dos años más tarde, en noviembre de 2011, otra vez por urgencia y sin informes técnicos que lo avalen, UPN y PP deciden prorrogar por tres años (de junio de 2012 a mayo de 2015) el contrato de limpieza con la misma empresa, tal como estaba, sin aceptar la propuesta del PSN de elaborar un nuevo pliego y, por tanto, un nuevo concurso, que pudiese mejorar el control municipal del servicio, los costes de adjudicación, la posibilidad de una gestión mancomunada, etc.
5. Una vez decidida la prórroga del contrato, en enero de 2012, UPN y PP aprueban, con el voto en contra del PSN, la propuesta de la empresa de reducir la limpieza de la ciudad y de eliminar 8 puestos de trabajo, consecuencia de un recorte económico del 13,7% decidido por UPN y PP. Lo hacen de nuevo por urgencia y sin informes técnicos que avalen esa decisión. Se limitan a recortar la partida y reducir el servicio de limpieza, pero sin abordar ninguna de las reformas estructurales señaladas por la auditoría y reclamadas por el PSN, que hubieran permitido mejorar la eficiencia y ahorrar costes. No sólo el Ayuntamiento no controla el cumplimiento de los contratos, sino que ni siquiera juzga con criterios técnicos las reducciones de limpieza y de personal que la empresa propone.
6. Ahora, en 2013, nos encontramos con otro capítulo de esta historia, tan plagada de negligencias y chapuzas. La empresa ha propuesto al Ayuntamiento (diciembre 2012) una tercera adaptación del servicio de limpieza viaria para los años 2013-2015 y, como corresponde, se emite un informe técnico municipal (mayo 2013), por primera vez en estos cinco años. Pero, dada la ausencia de informes anteriores, éste valora el conjunto de la gestión de los últimos años y señala diversas deficiencias: las reestructuraciones anteriores se hicieron sin informe técnico y jurídico, las reducciones de personal fueron superiores a lo establecido en el pliego, la empresa ha cobrado de más por amortización de maquinaria, se encargaron servicios a la empresa para compensarle por los días de huelga, etc. Concluye el informe que el Ayuntamiento no debería haber hecho dejación de funciones concediendo al contratista la organización del servicio, ni debería aceptar ahora la nueva propuesta de la empresa hasta que no se aclaren o resuelvan las deficiencias anteriores.
7. Contestando a ese informe, la empresa alega (junio 2013) que todas las reestructuraciones realizadas y las decisiones tomadas, con sus implicaciones económicas y laborales, lo han sido a petición de Urbanismo y aprobadas por la Junta de Gobierno, que es quien puede interpretar y modificar las condiciones iniciales del contrato. En todo caso, la empresa considera que en las dos modificaciones del contrato (el original es de 2005), como en la tercera que ahora se propone, se ha tratado de compensar a la empresa para que pudiera mantener su equilibrio económico frente a los recortes decididos por el Ayuntamiento.
8. En relación con esas dos posturas, un posterior informe del asesor jurídico municipal (agosto 2013) considera que “el Ayuntamiento no ha actuado del modo deseable”, ya que no solicitó los oportunos informes que justificasen las modificaciones del contrato, con lo que “su potestad de fiscalización no se ha ejercitado correctamente”, y esa dejación de funciones es “responsabilidad exclusiva del propio Ayuntamiento”, que “no puede dejar la organización del servicio sólo en manos del contratista”. Sin embargo, “la Junta de Gobierno al aprobar las modificaciones propuestas dio por buena la interpretación que realiza la empresa”.
9. Considera también el asesor jurídico que si las modificaciones de contrato llevaban implícita una fórmula de compensación económica para el contratista, “se debería haber justificado la existencia de un desequilibrio económico” y la cuantía resultante. Porque si los datos del informe técnico son ciertos, la compensación ya incluida en las reestructuraciones “es mucho más importante que lo que el Ayuntamiento se pretendía ahorrar”. Sería necesario un informe técnico-económico que lo determinase. Si a partir de ahora es necesario o no modificar dicho servicio para el período 2013-2015, como propone la empresa, “deberá ser la propia administración quien lo decida… contando con los preceptivos informes técnicos, económicos y jurídicos, en que así se recomiende”.
10. Como último episodio de esta historia, la Junta de Gobierno decidió ayer (octubre 2013), con el voto en contra del PSN, encargar por 7.260 € un informe económico que valore “las modificaciones pasadas y futuras propuestas por la contrata de limpieza viaria”.
Hasta aquí los hechos. Para el PSN los dos informes municipales, el técnico y el jurídico, vienen a repetir, cuatro años más tarde, lo que ya diagnosticó la auditoría de 2009, que el Ayuntamiento de Tudela no controla ni inspecciona el servicio de limpieza contratado, ni si se limpia bien la ciudad, ni si la organización del trabajo es la adecuada, ni si el coste económico es el debido. Lo más grave es que se han tomado sucesivas decisiones políticas sin soporte técnico, que además se han llevado siempre a la Junta de Gobierno por vía de urgencia, dificultando la debida fiscalización de los técnicos municipales y de los grupos de la oposición.
Se trata de un proceder consciente y reiterado que manifiesta una grave irresponsabilidad de UPN, y ahora también PP, al renunciar a una de sus obligaciones como equipo de gobierno, la de buscar la máxima eficiencia y transparencia en el dinero público que gestionan. Además de no controlar el gasto, permiten un nivel de suciedad en Tudela que ha ido creciendo con la crisis.
