“Agradezco no ser una de las ruedas del poder, sino una de las criaturas que son aplastadas por ellas” (R. Tagore)
En nuestro entorno, junto a causas psicológicas y políticas, la competitividad, el consumismo, el individualismo y el afán de posesión dan paso a un “sálvese quien pueda” donde cabe la corrupción. Es precisa la cohesión moral de la sociedad para vencerla. “Todo poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente”, decía Lord Acton. Es el ansia de poder uno de los factores más determinantes. En cuanto a corrupción institucional se refiere, la concentración de competencias en un solo cargo ejecutivo en detrimento de un órgano colegiado, puede favorecer la corrupción. También la creación de un exceso de entes y empresas públicas, fundaciones, institutos y muchos otros organismos dirigidos por cargos de confianza del político de turno. O la gestión indirecta, salvo en el caso de empresas sociales. En nombre de una supuesta eficacia se generan servidumbres. Si a esto le unimos las designaciones políticas para la dirección de las distintas áreas de una institución, el vínculo entre política y administración resulta peligrosamente estrecho.
Deberían tomarse medidas para que quien ejerza poder encuentre trabas para acapararlo y abusar de él. Cuestión básica es la fiscalización: auditorías, sistemas contables transparentes, accesibles; información puntual y universal, participación ciudadana. El público debe tener acceso a información de cualquier transacción. Fiscalización, corrupción y forma de gestión van muy unidas.
Los lindes de corrupción y legalidad no están siempre claros. No es delito recibir determinados regalos, o que el salario de la o el político medio de un parlamento sea netamente superior al de un salario medio, o que los diputados con 11 años de mandato tengan garantizado el cobro de la pensión máxima. Pero algo hay de corrupto en esas decisiones que alejan tanto las condiciones laborales de quienes se dedican a la alta política respecto a las de quienes representan.
¿Qué decir de los puestos enormemente remunerados que se les ofrece a ex presidentes, ministras, ministros y otros ex? A menudo, el cargo público se ejerce en beneficio propio. Hay numerosas concejalas y concejales que llevan a cabo su labor sin cobrar salarios de escándalo e incluso sin cotizar por ello a la seguridad social. Pero su altruismo queda en entredicho al aceptar pequeñas prerrogativas, -entrada gratuita a espectáculos, comidas innecesarias, lugares reservados, trajes de etiqueta- que, aunque de escasa entidad, anuncian una carrera política en la que cada vez será mayor la diferencia entre su estatus y el de otras personas trabajadoras.
El tinte de privilegio que adquiere el salario de cualquier cargo desde la alcaldía hacia arriba, acaba empañando la labor de todo el estamento político.
Hay quien pide financiar más a los partidos para evitarles la tentación de corromperse. La clase política y su infraestructura está ya demasiado alejada de los ingresos de los y las trabajadoras. En todo caso, habría que limitar más los gastos electorales y otros. Los partidos harían bien en vigilar que sus cargos públicos accedan a ellos sin esperar que su puesto les facilite privilegios ni les separe del estatus de vida que disfrutaban previamente a su acceso a las instituciones públicas.
Los grandes sindicatos y partidos políticos en el poder, actúan como redes clientelares y su afiliación se da en buena medida para arrimarse al sol que más calienta. Pequeños partidos y sindicatos pueden reproducir el mismo esquema, ajustado a su cuota de poder, si no se empeñan en lo contrario. En cuanto al rendimiento de cuentas, es consustancial a la democracia, pero hay que hacerlo sin que quepan subterfugios que eluden el control económico. Sería deseable que se alcanzase un gran Pacto Anticorrupción que abordara estos asuntos entre otros, y que incluyese la destitución inmediata de cualquier cargo imputado o condenado por la justicia. Si fuese posible revocar cargos públicos, más de uno duraría menos de una legislatura.
Vital contra la corrupción es una adecuada gestión urbanística. Mientras la participación ciudadana en la planificación urbana brilla por su ausencia, los planes generales de urbanismo se modelan según los intereses de las grandes constructoras e inmobiliarias, siendo la iniciativa privada la que diseña en la práctica la ciudad. Deben evitarse recalificaciones de suelo no urbanizable y convenios urbanísticos, meras compraventas de recalificaciones. Las consultas ciudadanas debieran ser práctica común. Luchar contra la corrupción no es generar un exceso de normativa que ahogue la actividad institucional. Ese exceso puede dar pie a tráfico de influencias y compra de voluntades para aligerar trámites. Se trata de reglamentar de forma transparente y accesible, de limitar el poder de los políticos y altos cargos, de diversificarlo, controlarlo, evaluarlo y participarlo. También hay que disponer medidas para que empresas y entidades bancarias no colaboren con la corrupción ni sean parte ineludible de su entramado. Y evitar la impunidad mediante sanciones jurídicas de acuerdo a la entidad del delito. En la sanción social, los medios informativos juegan un importante papel, pero, la manera de informar es primordial. Si prima el escándalo y el amarillismo sobre la información veraz, gana el espectáculo y pierde la conciencia. Lo mismo cabe decir de la utilización partidista de la denuncia de la corrupción.
