Los acuerdos entre las dos principales fuerzas políticas de nuestro país siempre son una buena noticia para el conjunto de la sociedad, en el ámbito que sea. Pero nos debemos alegrar mucho más, qué duda cabe, si el acuerdo constituye un avance en la lucha contra el terrorismo y en el reconocimiento de sus víctimas. Principalmente, porque ataña a los fundamentos de la democracia, del marco de convivencia que todos los españoles nos hemos dado y de la propia sociedad.
UPN siempre ha situado la unidad frente al terrorismo y la defensa de las víctimas de esta barbarie como uno de los ejes de su acción política y de su labor en las instituciones. Por ello, aplaude el pacto alcanzado entre PP y PSOE para prohibir por ley que existan en lugares públicos escudos, insignias, placas, monumentos o cualquier otro símbolo que homenajeen a terroristas o ensalcen sus acciones criminales. Y es que nunca será tarde si con ello hacemos prevalecer el sentido común, la justicia y la memoria de las víctimas del terrorismo.
Con este acuerdo se trata de poner fin a una de las mayores agresiones y ofensas que se pueden cometer contra quienes padecen la violencia terrorista: poner el nombre de sus verdugos a calles y plazas públicas. Esto, que en la Ribera sería impensable, se ha permitido en algunas localidades del País Vasco.
No es la única medida que podemos tomar y ahí es donde los ayuntamientos y las instituciones en general, recogiendo el sentir ciudadano, deben asumir un papel activo, puesto que se trata de defender la libertad y la dignidad humana. Dar el nombre de cualquier espacio público a las víctimas del terrorismo, erigir un monumento o colocar una placa en su reconocimiento, como homenaje de todo un pueblo, son algunos ejemplos.
