Recientemente pudimos leer y, a su vez, constatar, algo ya conocido en la Ribera: que la situación económica de la Ciudad Agroalimentaria es de auténtica ruina y que incluso puede abocarla a la propia disolución, tal y como ha dejado en evidencia una auditoría.
Fue en 2008 cuando se publicitaron a bombo y platillo las excelencias de esta obra faraónica, propia de aquella Navarra “idílica” en la que supuestamente hemos vivido estos años. Cabe destacar que este proyecto esta contemplado en el Plan Navarra 2012, que contó con el apoyo de UPN-PSN-CDN-CEN-UGT-CCOO.
ELA lo criticó ya en su día por tratarse de una mera propaganda vacía de contenido, tal y como el tiempo nos ha demostrado.
Ese plan decía literalmente en relación a la CAT: este proyecto nace con vocación de ser un centro de referencia para la calidad de los productos agroalimentarios de la Comunidad Foral y especialmente de la Ribera del Ebro. Queda plenamente constatado que esto no ha sido así.
Pues bien, las inversiones realizadas con el dinero de todos los navarros han vuelto a caer en saco roto. Otro fracaso del Gobierno de Navarra que, mientras efectúa recortes brutales en sanidad o educación, ha despilfarrado millones en una Ciudad Alimentaria que ya nació muerta, puesto que no respondía a una política industrial bien definida, sino a la política de proyectos sin sentido que abandera el Gobierno de Navarra, como son el TAV o el Navarra Arena, entre otros.
En sus orígenes, parecía que no iba a haber terreno suficiente para albergar todos los proyectos empresariales que tenían intención de venir a Tudela, como numerosas empresas de referencia en el sector que pugnaban por un solar en la Ciudad Agroalimentaria. Pero la realidad es tozuda y los hechos demuestran que los terrenos están vacíos. Eso sí, nos siguen insistiendo en que hay tres proyectos empresariales que han mostrado gran interés en venir. El tiempo nos dirá si es real o si también quedan diluidos como un azucarillo en el café, tal y como pasó en los anteriores.
No es de recibo realizar una inversión millonaria con el dinero de los contribuyentes sin un sustento empresarial real y sólido. Y, desde luego, no se puede tolerar que se hagan planes que no tengan en cuenta la dramática situación social y económica de la zona. Actualmente, en la Ribera se han activado todas las alarmas rojas y estamos en una situación de emergencia social con cerca de 11.000 personas en desempleo. Y es que no se nos puede olvidar que el paro registrado en la Ribera representa el 22% del de toda Navarra, con un incremento vertiginoso de parados desde 2008 hasta hoy.
Si sumado a esto añadimos el número de EREs que se están aplicando en las empresas de nuestra zona y que los salarios son más bajos que otras comarcas (y que cada vez asistimos a más propuestas de rebajas salariales), no podemos sino concluir que nos encontramos en una situación de emergencia social. Ante este panorama que está haciendo sufrir a mucha gente, es tiempo de exigir al Gobierno de Navarra una política industrial real acorde con las necesidades de los pueblos y sus gentes, y no sumisa a los planteamientos de los grupos de presión en los que se han convertido el ladrillo, la automoción o la industria agroalimentaria.
Es necesaria una política industrial consensuada entre todos, sin exclusiones, que dibuje la Ribera que queremos dentro de unos años, que contemple, entre otros, aspectos tales como:
• El papel activo que las instituciones tienen que tener para hacer labores de intermediación y obtención de capital para empresas cuyo futuro está en peligro.
• Ayudar y dinamizar los procesos de internacionalización de empresas.
• Poner en marcha planes concretos sobre empresas pequeñas y medianas.
• Abrir un proceso de reflexión sobre la inversión y desarrollo, teniendo en cuenta que hay que poner al servicio de la sociedad lo que se impulsa con dinero público.
En definitiva, una Ribera de los ciudadanos y no de las multinacionales que campan a sus anchas, instalándose y marchándose sin ningún compromiso con nuestra tierra, después de haberse llevado ingentes subvenciones publicas.
Una verdadera política industrial que responda a los intereses de los trabajadores y trabajadoras de nuestra zona para poder vivir y trabajar con dignidad.
