Cuando se habla de la Ley de Autonomía Personal recientemente aprobada por el Parlamento Español y de la Ley de Servicios Sociales de Navarra, con frecuencia se dice que constituyen el llamado cuarto pilar de los derechos, equiparable a la Salud, la Educación y las Pensiones.
Esto será verdad sólo cuando exista un desarrollo de las leyes y podamos comprobar que efectivamente el derecho a solicitar un servicio de atención a una persona con un grado de discapacidad es atendido y con calidad por los servicios públicos.
Y los servicios de atención a las personas que se presten desde las administraciones van a ser determinantes, la ley del Estado que es básica, entiende que esta atención se debe realizar por personal que asista al dependiente y excepcionalmente se podrá pagar una cantidad de dinero a la familia para que atienda a la persona necesitada.
En Navarra empezamos a desarrollar la ley a revés de lo que sugiere la norma básica. Y en un afán de ser los primeros, se ofrece una cuantía de dinero para la atención a las personas con gran invalidez y con invalidez severa. Esto que en principio puede parecer bien, vulnera básicamente una de las pretensiones de la ley del Estado, que lo que persigue son dos cosas:
1.- Que las personas que deben ser atendidas por su incapacidad tenga un servicio de calidad en la atención que necesitan, creándose de este modo empleo y aflorando el trabajo sumergido que existe y que es femenino fundamentalmente.
2.- Que las mujeres, porque son ellas las que atiende mayoritariamente al dependiente, puedan tener una opción de vida y trabajo, liberándose en parte de la atención al dependiente.
Pues con la decisión del Gobierno de Navarra de atender la dependencia con dinero, difícilmente va a conseguir que aflore el trabajo sumergido, al contrario las familias serán las que atiendan a la persona en vez de que se cree empleo.
Somos conscientes de la cantidad de dinero que hace falta de forma sostenible, dedicar al desarrollo de planes, cartera de servicios y medios humanos para que una Ley de Servicios Sociales se desarrolle adecuadamente.
Del informe de fiscalización sobre Bienestar Social en los ejercicios 2002 a 2005, se desprenden datos que son de gran interés.
El gasto en protección social a la dependencia, competencia de Bienestar Social, en euros constantes, se ha reducido en un 4%. Elgasto total para las dependencias por habitante en términos constantes se ha reducido en un 8%.
Por tanto no es oro todo lo que reluce en la gestión del Gobierno de UPN en este aspecto, y desde luego lo que está claro es que el esfuerzo para tener mejores servicios lo debemos hacer todos y quien mas tiene, mas debe aportar a las arcas públicas con el fin de distribuir mejor los servicios y la riqueza. Por tanto reducir ingresos por modificaciones de los impuestos a favor de quien mas tiene, repercute de forma directa en menos atención y menos servicio a quien los necesita. Y eso es lo que de forma sistemática hace el Gobierno Foral.
La repercusión es clara cuando además los Ayuntamientos se ven en la necesidad de atender las demandas de los ciudadanos, la Ley de Servicios Sociales, también contempla la posibilidad de crear Servicios de Atención a la Dependencia, pero cabe preguntarse ¿Cómo?, ¿Con qué presupuesto?, cuando a duras penas hacen frente a necesidades a cubrir gasto de residencias para ancianos, atención a domicilio...
La brecha con los países que debemos compararnos en cuanto a gasto corriente para la atención a la dependencia sobre el PIB, es decir la riqueza de un País o Comunidad Autónoma es importante, en Navarra estamos en torno a 0,54, mientras que en Italia es el 0,7 Austria 0,9 Francia 1,2 Alemania 1,2 Países Nórdicos 2,8-3%.
Estos deben ser nuestros referentes. Y desde luego una mayor cartera de servicios donde las atenciones sean la totalidad de los días del año y además la atención se adapte a las necesidades concretas, con servicios de día, de noche, fin de semana, por tramos de edad, cubra en definitiva las necesidades personales y de la familia de la persona dependiente.
