“Cuando las vías institucionales se encuentran fuertemente restringidas, [...] cuando se consienten, en
fin, abusos intolerables como el despido casi indiscriminado, la precarización laboral o la especulación
rampante, lo que sorprende es el enorme pacifismo y la calma de la mayoría de la población. De
hecho, en un contexto así, la huelga, la manifestación callejera o la ocupación con fines políticos
deberían verse como instrumentos de simple supervivencia para frenar una deriva abiertamente
despótica. Y es que sin ellas no solo peligra la cohesión social sino la propia libertad”
No hay derecho(s) .Pisarello Gerardo y Asens Jaume. Barcelona (2011). Icaria
CONTEXTO
En el caso español, ya en 1994 las Observaciones Finales del Comité DESC reflejaron la
preocupación de Naciones Unidas por la situación habitacional en el Estado español. En ese
momento, el Comité DESC, advertía al Estado español respecto de los siguientes hechos
• El aumento del número de personas sin hogar y de personas afectadas por desalojos forzosos.
• El deterioro creciente de la situación de la vivienda y la falta de viviendas sociales.
Por ello, el Comité realizaba a las distintas instancias públicas las siguientes recomendaciones:
• Las instaba a tomar medidas para garantizar la protección efectiva de los derechos económicos,
sociales y culturales de todas las personas que residen en su territorio.
Asimismo, las alentaba a promover la legalización de las personas inmigradas indocumentadas para
que éstas pudieran disfrutar plenamente de sus derechos económicos, sociales y culturales.
• Exhortaba a los Estados Parte a que intensificaran sus actividades en el marco del Plan Nacional de
Acción para la Inclusión Social a fin de dar asistencia a las personas sin hogar y estudiar su situación
para tener un cuadro más cabal del problema y sus raíces. También instaba al Estado Parte a que
proporcionara datos desglosados y comparativos sobre el número de personas afectadas por los
desalojos forzosos y a que velara porque todo desalojo forzoso se ajustase a las directrices
establecidas por dicho Comité.
• Asimismo, y con arreglo a la Observación general Nº 4 del Comité, recomendaba al Estado que
tomara medidas correctivas para mejorar las condiciones de vivienda y crear más viviendas,
individuales o colectivas, así como créditos y subvenciones para las familias de bajos ingresos y los
grupos desfavorecidos y marginados.
Paralelamente a la emisión de estas recomendaciones, la crisis habitacional continuó agravándose.
Como consecuencia de ello, la sociedad civil comenzó a organizarse y a revindicar el derecho a una
vivienda adecuada y desde las propias instituciones se intentó tomar cartas en el asunto.
En este contexto, en el año 2006 diversas organizaciones promovieron la visita al Estado Español del
Relator Especial de ONU.
Sus conclusiones fueron demoledoras:
“ De los países de la Unión Europea, España era el que más construía, el que mas viviendas vaciás
tenía y el que menos vivienda asequible ponía a disposición de la población...”
Naturalmente, este panorama no podía atribuirse al azar o a alguna misteriosa conjura divina. Los
enormes costos sociales y ambientales del modelo urbanístico e inmobiliario español, su nervio
especulativo, estaban estrechamente imbrincados en políticas públicas concretas diseñadas a lo largo
de los años 80 y 90. Estas políticas habián girado entorno a obsesiones claramente identificables: la
consideración de la propiedad privada como régimen principal de acceso a la tenencia de vivienda; la
progresiva liberalización del suelo y la privatización, en general, del régimen urbanístico e inmobiliario”
Stop deshaucios
Al menos desde la Revolución Francesa, cuando se vulneran derechos generalizables y los canales
institucionales permanecen bloqueados, la resistencia civil se convierte en la última garantía contra la
arbitrariedad del poder y la degradación del principio democrático. Las movilizaciones contra los
deshaucios impulsadas por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en el conjunto del
Estado, al calor del 15M, reflejan claramente esta voluntad garantista...
CIFRAS:
Lejos de ser un fenómeno natural o un simple trámite jurídico, los desahucios por razones
económicas entrañan una innegable dosis de violencia. Quienes lo padecen no sólo ven afectado su
derecho a la vivienda. Al haber dedicado casi todos sus recursos a mantener un techo para sí y los
suyos quedan expuestos a vulneraciones severas de sus derechos a la integridad física y psíquica, a
conservar o buscar un empleo, a asegurar la educación de sus hijos. En casos como el español, esta
situación es especialmente trágica, ya que el deshaucio no comporta casi nunca el realojamiento digno
exigido por Naciones Unidas.
Tras el estallido de la crisis, el fantasma del desalojo comenzó a planear sobre las familias con
hipotecas impagables, muchas de ellas contraídas con condiciones leoninas.
Entre 2007 y 2011, según el CGPJ, la cifra de ejecuciones hipotecarias supera las 300.000. solo en el
2010 ya fueron 93.636. A este escenario deben sumarse, a medida que el paro se dispara miles de
desahucios por impago de alquileres con escasa o nula intervención de los servicios sociales.
En un contexto así, no sorprende que diferentes movimientos sociales y vecinales hayan emprendido
movilizaciones en todo el Estado para dar apoyo a las familias afectadas y frenar los más de 200
desalojos que se practican diariamente
“Tener un techo digno y seguro es una necesidad básica
para el desarrollo personal y para la vida en comunidad”
ESTAMOS HOY AQUÍ PARA DENUNCIAR :
• La falsedad del DECRETO de GUINDOS, en relación a la dación en pago y sus posibles
aplicaciones.
• La inacción por parte de los legisladores en materia hipotecaria y de servicios sociales.
• La transposición por parte del GN, del mencionado decreto a la legislación navarra
(informamos que en breve se llevaran mociones al Parlamento, para su consideración).
• La necesidad de un cambio en la legislación para impulsar el alquiler social.
• La necesidad de revisar los posibles fraudes hipotecarios, por parte de los agentes que
tuvieron participación en el otorgamiento de dichos créditos (banca, inmobiliarias, notarias,
agencias de tasación, etc.)
y además, NOS PROPONEMOS en el día de hoy, compartir experiencias entre las diferentes
organizaciones sociales que se encuentran presentes, con miras a impulsar la ILP propuesta por el
grupo de Catalunya y sensibilizar , concientizar y empoderar a la sociedad en general como forma de
asegurar sus derechos irrenunciables en materia de vivienda.
PLATAFORMAS DE PERSONAS AFECTADAS POR LA HIPOTECA de:
(STOP DESAHUCIOS) de:
MADRID, VALENCIA, NAVARRA (Pamplona, Tudela, Berriozar, Ansoain, Altsasu),
LOGROÑO,DONOSTI,TARRASA,ZARAGOZA.
Pamplona, 31 de Marzo de 2012.
