El PSN instó al Gobierno Foral en una moción parlamentaria a que ponga los medios técnicos y humanos necesarios para garantizar el derecho a abortar en Navarra, siguiendo los preceptos de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. A ello, el Presidente Sanz ha respondido que la demanda ya se atiende debidamente desviándola a servicios privados o a la salud pública de comunidades vecinas, y entendemos que no hay porqué depender del exterior en la materia. Si los profesionales del sector tienen derecho a la objeción de conciencia, también es seguro que en Osasunbidea hay quien pudiera libremente prestar el servicio, contemplado por la Ley y del que cada conciencia debe responder, sin necesidad de hacer de Navarra un territorio artificialmente no-abortista. Aumentar los gastos en la materia por una cuestión moral es lo que debería preocupar al Ejecutivo en primera instancia.
