El pasado martes 1 de abril el departamento de educación nos remitió el convenio de financiación del centro de primer ciclo de educación infantil, 0-3 años, para el curso 2013-2014. Hasta ahora, este servicio, estaba financiado en términos generales, en un 50% por el departamento de Educación, un 25% por las familias y otro 25% por el ayuntamiento, en el marco de lo establecido en la Orden Foral 79/2012, de 27 de agosto.
Sorprendentemente, el convenio incluía una reducción del 30% en la aportación del departamento según lo establecido en la norma anteriormente mencionada, indicando a continuación que si a lo largo del año 2014 el Departamento de Educación dispusiera de fondos adicionales para incrementar el presupuesto destinado a financiar los presentes convenios, podrá incrementar el importe de las cantidades concedidas. Nada más decía de quién deberá de hacerse cargo de esta disminución en la financiación, pero a estas alturas de curso, no olvidemos que se trata del curso 2013/2014 iniciado el pasado mes de septiembre, no deja muchas alternativas. Con respecto a que el Departamento podrá incrementar el importe, la cantidad que figuraba en el convenio no era la totalidad de la que le correspondía al Departamento, sino con la reducción del 30%, por lo que muestra una clara voluntad de reducir la financiación de estos centros.
Pongamos nombre y apellidos a estas cifras. Centro de primer ciclo de educación infantil del Ayuntamiento de Ribaforada. Cuarenta y ocho niños y niñas repartidos en una jornada completa y tres medias. Según módulos de financiación establecidos por la Orden Foral 79/2012: total gasto 144.348,45 euros. Según esta misma Orden Foral, se financiaba hasta ahora de la siguiente forma: 36.087,11 €, un 25% por el ayuntamiento; 38.589,3 €, un 26,73% por las familias; y 69.672,04 €, un 48,27% por el Departamento de Educación. Pues bien, con esta decisión tomada de forma unilateral por el Consejero de Educación, inadmisible en el fondo y en la forma, la aportación del Departamento se reduce a 48.770,43 €, condenando al Ayuntamiento a pagar 56.988,72 €, y que le supone un gasto mayor no previsto ni presupuestado de 20.901,61 €, que obligará a realizar ajustes presupuestarios de importancia.
Este recorte en la financiación afecta seriamente a la continuidad del servicio de las escuelas infantiles, cuestionando las mismas, siendo el Gobierno de Navarra el que crea los servicios y posteriormente reduce sistemáticamente su financiación, dejándolos irreconocibles y cargando con ellos a las entidades locales. Además hay que tener en cuenta la inseguridad jurídica que supone una decisión de estas características, y la indefensión para los ayuntamientos al tomar una medida discrecional de este tipo, sin ninguna justificación.
Queda claro pues que la medida supone por parte del Gobierno de UPN un ataque a la educación pública en las escuelas infantiles, intentando con esta medida que estos centros pases a convertirse en meras guarderías, haciendo seguidismo de las políticas educativas del Ministro Wert y del Gobierno del PP. Más allá de la función social y de la labor de conciliación entre la vida laboral y familiar, las escuelas infantiles a diferencia de las guarderías, realizan una labor educativa en una edad clave, por profesionales titulados en magisterio infantil, con un proyecto educativo aprobado por el Departamento, con unos ratios educador/niño según la legislación y en un centro totalmente adaptado arquitectónicamente y que cumple una estricta normativa para evitar cualquier riesgo y peligro.
Para garantizar la financiación de las escuelas infantiles de primer ciclo de educación infantil, y no quedando clara la voluntad del Gobierno de Navarra de seguir financiando y posibilitando la prestación de este servicio educativo básico para las familias, el parlamento deberá legislar en este sentido, de forma que los Ayuntamiento y las familias tengamos plenas garantías y estabilidad jurídica para seguir ofreciendo una educación pública y de calidad. Cualquier otra medida será insuficiente y nos dejaría al albur de futuras decisiones arbitrarias o ajustes presupuestarios.
Jesús María Rodríguez
Alcalde de Ribaforada y miembro de la Ejecutiva del PSN-PSOE
