Llama la atención cómo se produce la lógica alarma social cuando se atenta contra la vida o la salud de las personas de determinadas maneras, pero no cuando ese atentado se hace por omisión de responsabilidades o por incumplimiento de la ley, incluso deliberado, en el caso de los trabajadores y trabajadoras y por parte de sus empleadores o directivos.
La empresa Sigma Brakes ya era conocida por el reiterado incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales acreditado en varias ocasiones tras denuncias presentadas por ELA y por las que ha sido sancionada en diversas ocasiones y por diferentes motivos.
En 2013 se detectó la presencia de “formaldehído”, un producto cancerígeno según el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.
Tal hecho debería haber provocado la aplicación de las medidas legales de protección “contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo”.
Pese a ello, y tras reiteradas exigencias y denuncias al respecto, han pasado ya 9 meses sin cumplimiento de la resolución de Inspección de Trabajo que instaba a su aplicación de modo inmediato.
A día de hoy, sólo se aplican medidas de protección a una parte de la plantilla, pese a la insistencia por parte de los y las delegadas de ELA para que se aplique a todas las personas con riesgo de exposición.
La Dirección General de Política Económica y Empresarial y Trabajo ha vuelto a sancionar a esta empresa por otro incumplimiento en prevención de riesgos laborales. Otra más, esta vez 8.196 euros. Sabemos que hay más incumplimientos y que llegarán nuevas propuestas de sanción. Está claro que Sigma Brakes prefiere pagar multas que invertir en proteger la salud de su plantilla. Parece obvio que les sale más barato. ¿Cómo es posible?
Entre 2002 y 2016 Sigma Brakes ha recibido de Gobierno de Navarra 2.685.000 euros en subvenciones. Recibiendo las subvenciones por millones de euros y siendo multada con unos pocos miles de euros, el balance es claramente favorable a la decisión de pagar las multas y no invertir en prevención, e incluso puede considerarse que esas multan se pagan con el dinero de todos y todas las contribuyentes.
El cáncer es una de las enfermedades con mayor mortalidad. En Sigma Brakes trabajan más de 300 personas entre personal propio y de ETT, por lo que a largo plazo podríamos estar ante un problema de salud pública de primer orden. Tenemos muy presentes todavía los efectos devastadores del amianto en la salud de muchos trabajadores/as y familiares.
Aunque es de sobra conocido que la responsabilidad sobre la salud de los trabajadores recae en las empresas, esa responsabilidad no debería acabar ahí. Las decisiones las toman personas y las responsabilidades también deberían recaer en esas personas, pero no es así.
¿Quién ha decidido no proteger la salud de los y las trabajadoras de Sigma Brakes expuestas a un producto cancerígeno? ¿Actuarían igual los responsables si ellos o sus hijas o hijos se viesen expuestos a esos riesgos? ¿Qué responsabilidades pueden exigirse a estas personas?
En cualquier otro ámbito de la vida se considera delito causar daños graves a la salud de las personas. En el laboral, no. ¿Deben los trabajadores y trabajadoras desarrollar un cáncer para que se puedan exigir responsabilidades? ¿Actuar de manera negligente y deliberada en el incumplimiento de la ley cuando eso puede provocar daños mortales a las personas no debería ser delito?
Es evidente que los empresarios se sienten cómodos y protegidos en este asunto. El presidente del consorcio empresarial propietario de Sigma Brakes es Juan Miguel Sucunza, último galardonado como “empresario del año” por la patronal navarra. ¿Es éste el ejemplo a seguir por la CEN? ¿Y el Gobierno de Navarra está cómodo con este ejemplo?¿o va a tener en cuenta el incumplimiento de la ley a la hora de conceder subvenciones?
Cabe recordar que se ha cumplido recientemente un año del accidente laboral que acabó con la vida de un trabajador de 35 años en Sigma Brakes. ¿No han aprendido nada de aquella lección? ¿Tan blanda es la legislación para que no haya ningún cambio de actitud por parte de la empresa? La sensación que queda es que reina la impunidad.
Luego dirán que remamos en el mismo barco.
Juantxo Gil Arbiol
Responsable de ELA-Industria eta Eraikuntza en la Ribera
