El Estado de Derecho se sustenta en el respeto a la Ley y a la aplicación que de la misma llevan a cabo los Jueces y Magistrados que integramos el Poder Judicial siendo fundamental en una sociedad democrática la confianza y el respeto hacia las instituciones.
Como integrantes de uno de los tres poderes del Estado, las decisiones de Jueces y Magistrados están sometidas a la crítica pública, pero esta crítica no puede amparar las descalificaciones personales, el insulto, los actos de fuerza o las coacciones.
La independencia judicial garantiza el sometimiento de Jueces y Magistrados únicamente al imperio de la Ley, Ley que emana del pueblo a través del Poder Legislativo, sin que en ningún caso sea posible apartarse de esa Ley y actuar movidos por prejucios, juicios paralelos o presiones siendo mucho más importante garantizar ese respeto a la Ley que los reproches sociales que nuestra labor puede provocar pues solo de esa manera garantizaremos el funcionamiento del Estado de Derecho. Ese respeto a la Ley es el que fundamenta todas y cada una de las resoluciones que cada día se dictan en los Juzgados a los que los ciudadanos acuden a resolver sus controversias.
Es comprensible que la opinión pública pueda no comprender ni compartir lo resuelto por la Audiencia Provincial. Es admisible e incluso deseable que surja un debate en cuanto a la regulación que el Código Penal español hace de los delitos contra la libertad sexual, de los términos que se utilizan para definir las diferentes conductas, incluso de la necesidad de adaptar el contenido de esos preceptos a la actual realidad social. Labor ésta que ha de llevar a cabo el Poder Legislativo de quien emanan las leyes que los Jueces aplicamos.
Pero el legítimo ejercicio del derecho a la crítica de las resoluciones judiciales no ampara la coacción o el uso de la violencia para mostrar el desacuerdo con dichas resoluciones y mucho menos la amenaza o la difamación de quienes, en el ejercicio de sus funciones constitucionales, han dictado sentencia.
La sentencia de la Audiencia Provincial, tras la celebración de un juicio regido por los principios constitucionales de defensa y contradicción, ha llevado a cabo un minucioso análisis de las pruebas practicadas, ha consignado unos hechos declarados probados y ha concluido una calificación jurídica conforme a una extensa motivación. Esa calificación jurídica, muy compleja por otro lado, puede compartirse o no, y por este motivo nuestro sistema prevé también un régimen de recursos que permita revisar lo resuelto y mantenerlo o modificarlo. Es decir, todavía dos órganos superiores, la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra y la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo podrá revisar todas aquellas cuestiones respecto de las que exista desacuerdo.
El respeto a la independencia judicial es esencial para garantizar la paz social, la convivencia democrática y el respeto a los derechos fundamentales, siendo esta obligación especialmente predicable de los otros dos poderes del Estado, es decir, de los representantes de la soberanía nacional y de los miembros del Gobierno. Resulta inadmisible que personas con responsabilidades políticas utilicen esta sentencia para tratar de desprestigiar al Poder Judicial, para conculcar la separación de poderes o para realizar manifestaciones carentes de rigor.
Especialmente escandalosa resulta la actitud del Ministro de Justicia SR. CATALA, único Ministro reprobado en nuestra democracia, quien sabiendo que el Consejo General del Poder Judicial no puede actuar en el ejercicio de la función jurisdiccional, con una clara intención de confundir a la ciudadanía y movido por intereses exclusivamente políticos ha solicitado que se exijan responsabilidades disciplinarias e incluso ha insinuado abiertamente que el Magistrado firmante del voto particular “tiene algún problema singular que todo el mundo conoce”. Estas manifestaciones que no tienen cabida en el desempeño responsable de su función como Ministro de Justicia deberían provocar su inmediata dimisión.
