Recientemente un periódico económico de nuestro país titulaba a toda página: «Bruselas abre la puerta a que España evite a los fondos internacionales el pago de 7.565 millones por el recorte a las renovables».
Tal información respondía, según parece, a que la Comisión Europea había advertido a España de que cualquier compensación derivada del recorte reconocido en un arbitraje internacional en el marco del Tratado de la Carta de la Energía podría ser considerada una ayuda de Estado y por tanto debía ser suspendida y notificada a Bruselas.
El documento, elaborado por el departamento que dirige la Comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, sostendría que los únicos órganos competentes en esta materia son los comunitarios y que el foro exclusivo para entender de la validez del hachazo retributivo que implementó España a las renovables son los tribunales europeos, por lo menos en aquellos casos en los que los operadores fuesen comunitarios.
Según la interpretación del Gobierno español, este informe podría ayudar a España a entorpecer el abono de los laudos que pudiesen fallar los tribunales internacionales de arbitraje en contra de nuestro país en los litigios que tiene planteados ante tales tribunales, ahorrándose así las mil millonarias compensaciones a que darían lugar los 37 pleitos ya actualmente planteados, de los que algunos de ellos están muy próximos a ser resueltos.
Ante este planteamiento y teniendo en cuenta que estas indemnizaciones afectan exclusivamente a empresas extranjeras –dado que los inversores españoles no pueden acudir a tales tribunales.
Alguien se imagina qué ocurriría si España, ante una cascada de sentencias condenatorias en los tribunales de arbitraje, dijese «no voy a pagarles porque Bruselas me lo prohíbe». ¿Quién sufriría las consecuencias, España o el resto de países de la Unión Europea?
¿Qué empresa o inversor vendría en el futuro a España a jugarse sus dineros? ¿Cómo quedaría la imagen de España ante tal incumplimiento de sus compromisos? ¿Podríamos hacer en el futuro una campaña internacional donde aportemos como garantía para el inversor la seguridad jurídica en nuestro país? ¿Estarían nuestras empresas legitimadas para invocar la Carta de la Energía ante incumplimientos a la misma en otros países?
Pues de hacerse efectiva sería pan para hoy y hambre para mañana, dado que a partir de ese momento las inversiones extranjeras en España se verían notablemente afectadas y con ello el impacto en nuestro desarrollo futuro sería difícilmente evaluable en este momento.
Por el contrario, ¿perjudica al resto de países de la Unión Europea? No, por supuesto que no, pues el respeto a lo comprometido por sus gobiernos y el mantenimiento de la seguridad jurídica es sagrado para ellos. En consecuencia, tales países no sólo no se verían perjudicados sino que, por el contrario, acabarían recibiendo las inversiones que por no venir a España podrían ir a sus propios países, con lo que el negocio que harían sería redondo, como podemos ver últimamente con el fenómeno conocido de fuga de empresas a Portugal.
Es posible que algún responsable político pueda pensar que ahora lo más importante es resolver el problema actual y quien venga detrás que arregle el desaguisado como pueda.
Seguro que encontrarán argumentos para justificar tal proceder y hasta, alguno de ellos, sacará pecho por lo conseguido, aseguraron a la conciudadanía que sus irresponsables actos no van a tener consecuencias económicas negativas. para las miles de empresas y para las inversiones que hubieran podido producirse y no lo han sido, pero la cruda realidad nos dice que así, ha ocurrido en Navarra de ser un referente de energías renovables, a tener que ir fuera de España por la diarrea legislativa del Gobierno de España, lo lamentable es que al día de hoy nadie se ha hecho responsable.
Ante esta nueva situación los fondos de inversión que han llevado España ante los arbitrajes internacionales comienzan a mover ficha ante la estrategia del Ministerio de Energía de escudarse en la Comisión Europea para no pagar los laudos por el recorte a las renovables.
Hay quien ha empezado a rastrear los bienes de España en el extranjero, especialmente en EEUU, para pedir su embargo en caso de que España no pague. El primero de los casos, el del fondo Eiser, está pendiente de que el Ciadi decida si ejecuta o no el laudo mientras decide sobre la anulación que ha pedido España. España alega que la Comisión Europea no le permite pagar al considerarlo ayudas de Estado. El caso, en el que hay en juego 7.500 millones, para los fondos internacionales es un laberinto dentro de un crucigrama del que solo hay una certeza: los fondos van a intentar cobrar de todas las maneras posibles. Y la que tienen a su alcance es ir a por los bienes en el exterior.
Será, otro grave incumplimiento del Gobierno de España.
