Una democracia no supone simplemente que cada cuatro años podamos acudir a votar. Da la sensación de que mucha gente estima que el momento decisivo de la democracia es la introducción de las papeletas en las urnas, con completa desatención de lo que pasa antes y después. Si en España la mayor parte de los medios de comunicación están atados al Gobierno mediante subvenciones, si el Tribunal Constitucional está en manos del Gobierno, si en España pueden concurrir a las elecciones partidos golpistas o con terroristas en sus filas; nada de eso parece importar demasiado: nos mandan votar, votamos y aceptamos los resultados de INDRA, una empresa en manos del Gobierno.
Y este del recuento es un aspecto en el que vale la pena detenerse, porque incluso entre los votantes de la derecha hay cierta reticencia a plantarse frente al poder en actitud desconfiada. De un gobierno que ha mentido en tantos frentes, desde el conteo de muertos por COVID hasta el de los parados, por no hablar de pactos espurios e indultos que siempre negó que haría, no deberíamos fiarnos de nada. La desconfianza es en este caso como una virtud necesaria.
Desde hace unos años, los votos se cuentan de manera informática. En las mesas electorales los votos se cuentan a mano, sí, pero en cada comunidad, todos esos datos que arrojan las actas de cada mesa se introducen en un programa informático de la empresa INDRA, contratada por el Gobierno. Según información del periodista Carlos Cuesta en Libertad Digital, del 24 de enero de este año, en esta empresa llamada INDRA el Estado, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), tiene una presencia del 25 %; a eso se suma, por ejemplo, que el Grupo Prisa aumentó su participación hasta el 9’9%; estos y otros datos dan pie al periodista para hablar de un “asalto accionarial”, denunciado por el PP y Vox. Si ya esta materia se nos presenta abstrusa para la mayoría de ciudadanos, las cifras y explicaciones que se derivan de ella se silencian en la mayoría de los medios de comunicación. Resaltemos aquí que es esta empresa INDRA la que cuenta nuestros votos, y esa es la única suma que se maneja para establecer los escaños parlamentarios.
En pro de la limpieza electoral, la ley electoral establece un recuento: en cada junta electoral, se dan hasta tres días para “verificar la suma”. Desde las asociaciones independientes, como el Observatorio para la Transparencia Electoral (OpTE), se exige que se cumpla con la ley y se haga realmente una verificación de esa suma, que no se ha hecho nunca desde que se impuso el sistema informático. Para ello, se argumenta con buena lógica, esa suma debería hacerse básicamente con papel y bolígrafo, calculadora, hoja de excel…; pero nunca desde la empresa INDRA. Hacer eso llevaría muchas horas de trabajo, evidentemente. Ni más ni menos que las que llevaba antes de que la suma se hiciera vía informática. Pero una vez acomodados en el ordenador, parece que es difícil echar marcha atrás: las Juntas, a lo más, comprueban que los datos introducidos en el programa son los que recogen las actas, pero no hacen la suma aparte, quede esto bien subrayado.
¿Cómo es posible que no se haga y que los partidos ahora en la oposición no den una explicación oficial y detallada del porqué? Puede parecer absurdo, pero los testigos al recuento habitualmente no tienen ninguna instrucción del propio partido, como he podido comprobar hablando con los interesados de algunas comunidades. Una vez en la Junta hay que tener arrestos para ponerse bravo y exigir que se haga el recuento, es decir, que se canten las cifras con testigos mientras se hace la suma (como se hizo en Cuenca, a petición de dos miembros de la plataforma Observatorio para la Transparencia Electoral), para lo cual se necesitarían probablemente grupos de trabajo que se repartieran las actas y usaran los tres días que la ley permite. Hágase el lector una idea del ambiente que se respira en una junta de funcionarios que quieren terminar su trabajo cuanto antes y con representantes de partidos que han obtenido mucho mejor resultado del esperado. La ley, insistimos, no se cumple en este respecto que creo vital para la limpieza democrática. De hecho, el defensor del pueblo ha admitido en parte la denuncia del abogado Guillermo Rocafort sobre lo que sería un fraude procedimental.
Podemos pensar que los partidos políticos no ponen mucho interés en este recuento porque ya hacen su recuento en sus sedes. ¿Eso es así? En primer lugar, los partidos no disponen de todas las actas, a no ser que hayan conseguido poner un apoderado en cada mesa electoral. Podemos pensar que los partidos tienen un número alto de actas suficiente para que, aplicando las leyes de la probabilidad, comprueben si los resultados difieren de los oficiales. ¿Pero también eso es así? ¿Lo han explicado a sus afiliados y votantes? No, no lo han explicado; al menos yo -les aseguro que lo he intentado- no he encontrado ninguna explicación. Y podemos pensar que simplemente en los partidos siempre hay mucho trabajo que hacer y ése trabajo en concreto se descuida, amparándose en la confianza de que en materia tan grave el gobierno no va a manipular nada.
Pero sospecho, además, que hay una sutil razón que no se pone encima de la mesa abiertamente, y es que ni PP ni Vox quieren ser acusados de empañar de desconfianza la que se supone una prístina vida democrática. ¿Y si luego de “haberse puesto pesados” en la junta luego ocurre que los resultados del recuento no varían? Como siempre, la izquierda -en este caso el PSOE- demostró ningún complejo para pedir como niño caprichoso que se revisaran los votos nulos fuera de plazo. La derecha no exige que públicamente se recuenten los votos, lo cual, es de una ingenuidad llamativa. Hacerlo, exigir el recuento público, dejaría bien claro, para futuras elecciones, que habrá una severa vigilancia. Nuevamente hablamos de cumplir la la ley y de asegurar la limpieza electoral.
Nuestro sistema electoral finge hacernos a los ciudadanos como responsables en grado sumo de la limpieza electoral, porque de manera aleatoria nos vemos obligados a participar en las mesas electorales. Pero a partir de ahí, la vigilancia se diluye de manera asombrosa. En el voto por correo no hay ciudadanos independientes ni representantes de partidos que custodien nada; ni siquiera se cuentan esos votos aparte, sino que se introducen en las urnas. ¿Ustedes se fían? Yo no, y por eso creo que, como en Francia, el voto por correo debería estar reducido a extranjeros y presidiarios.
Ahora se nos exige fiarnos de la informática. Tras cualquier programa informático, por muy testado que esté, como la realidad nos informa, hay inseguridad y opacidad, aunque nos parezca molesto reconocerlo. Avispados y jovencísimos internautas han logrado meterse en los ordenadores de la CÍA; el océano informático es demasiado complejo como para que nadie, hoy por hoy, lo asegure libre de piratas. Un reconocido especialista en el mundo digital, el ensayista Evgeny Morozov, ya en 2013 trataba sobre el peligro del uso de la informática en los sistemas electorales en su ensayo La locura del solucionismo tecnológico. La tecnología, cuando se pone a solucionar problemas que no existían, como contar los votos en un país, además de cara (11 millones de euros cada comicio según Europa Press) es un problema.
¿Quién me asegura que INDRA no comete un pequeño desvío en algunas comunidades, suficiente para que baile un escaño donde no se note demasiado? Nadie me puede asegurar que eso no se hace, porque desde el momento en que no se cumple la ley y NO SE HACE LA VERIFICACIÓN DE LA SUMA por un cuerpo de funcionarios independiente de INDRA, y con los testigos pertinentes de partidos políticos, tenemos todo el derecho a sospechar.
En España ahora, con un poder judicial en manos del gobierno, con un contador de votos en manos del gobierno, con el silencio de la oposición, con un emporio de medios de comunicación vendidos a la izquierda y a los nacionalismos, seguimos la estela del PRI en México o de Chávez en Venezuela. El incumplimiento de la ley electoral en lo que a recuento se refiere y la ausencia de explicaciones por parte de PP, Vox y periodistas de su entorno, produce una sensación de abatimiento.
Hace pocos años, los historiadores Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García demostraron el fraude electoral de las elecciones de 1936. Si sale elegido presidente Pedro Sánchez, con este nuevo Frente Popular, los historiadores del futuro podrán investigar cómo fue que salió elegido presidente un personaje de su talla contra todo pronóstico.
