Este lunes ha tenido lugar la exhumación de los restos del líder falangista José Antonio Primo de Rivera de su tumba frente al altar de la Basílica de los Caídos, muy cerca de donde se situaba la tumba de Franco, cuyos restos fueron exhumados en 2019. La razón: los artículos 54.3 y 54.4 de la Ley de Memoria Democrática, que reconvertían en cementerio civil las criptas adyacentes a la Basílica y los enterramientos existentes en la misma y que, si bien permitían que en el Valle de Cuelgamuros solo pudieran yacer los restos mortales de personas fallecidas a consecuencia de la Guerra, como es el caso del mencionado (al ser fusilado el 20 de noviembre de 1936 en Alicante, lugar al que fue llevado como último lugar de encarcelamiento tras ser detenido en marzo por efecto de los atentados falangistas), dictaban también que se procediera “a la reubicación de cualquier resto mortal que ocupe un lugar preeminente en el recinto”. Algo que no han aceptado sus familiares que optaron, tan pronto como se aprobó aquella Ley, por el traslado de los restos, argumentando que preferían que los restos se ubiquen en un camposanto sagrado, de acuerdo con el testamento de su pariente. Y a lo que ha accedido el Gobierno que ha culminado la tramitación del asunto de forma sigilosa y sin publicidad, respetando la solicitud de discreción de los descendientes.
Lo que he leído estos días en los medios sobre el asunto silencia, por lo general, la apuesta por la violencia política extrema del partido, Falange Española, que lideró Primo de Rivera desde el momento de su creación en el Teatro de la Comedia de Madrid en octubre de 1933 de la mano de aquel, del aviador estellés Julio Ruiz de Alda y del abogado y jurista Alfonso García Valdecasas. Ese partido se fusionaría en febrero de 1934 con las JONS de Ramiro Ledesma formadas en octubre de 1931, dando lugar a FE de las JONS. Inicialmente el nuevo partido fue gobernado por un primer triunvirato constituido por Primo de Rivera, Ruiz de Alda y Ledesma hasta que en octubre de 1934 se puso al primero de ellos como Jefe Único. Ledesma sería expulsado en enero de 1935 por criticar a Primo de Rivera por el apoyo de éste al gobierno radical-cedista en octubre de 1934.
La Falange defenderá desde el principio el uso de la violencia en sus postulados teóricos. Ya antes de que surgiera dicho partido, en abril de 1933, Primo de Rivera afirmaba que “la violencia no es censurable sistemáticamente”, sobre todo “contra una secta triunfante, sembradora de la discordia, negadora de la continuidad nacional y obediente” a la Internacional y a la masonería. En el mismo Discurso del mitín de fundación del partido, Primo de Rivera concluía que no hay más dialéctica admisible que la de los puños y de las pistolas cuando se ofende a la justicia o a la Patria. En los Puntos iniciales de la Falange de diciembre de 1933 se juzgaba que “la violencia puede ser lícita cuando se emplee por un ideal que la justifique” y que “la razón, la justicia y la Patria serán defendidas por la violencia cuando por la violencia –o por la insidia– se las ataque”. Julio Ruiz de Alda publicó, por su parte, un artículo titulado “Justificación de la Violencia” en junio de 1936 en el que elogiaba la “santa violencia” de su partido por la que se defendía “la existencia misma de España, asaltada por sus enemigos” e invitaba a sus camaradas a seguir luchando.
Los pronunciamientos anteriores no se limitaban a la esfera de lo teórico. El partido, financiado por los monárquicos alfonsinos que se proveían así de una vanguardia radical externa, se organizó mediante una estructura paramilitar, con milicias de Primera o Segunda Línea con mandos e instructores propios y que dependían de Ruiz de Alda. Hubo un grupo selecto denominado Falange de la Sangre que llegó a tener entre 900 y 1.000 hombres cuyo jefe era el expiloto Juan Antonio Ansaldo hasta que este fue expulsado por pretender forzar un golpe de mano para arrebatar el liderazgo a José Antonio por no considerarle capaz.
Las acciones violentas falangistas contra republicanos, nacionalistas periféricos, socialistas y anarquistas se multiplicaron entre octubre de 1933 y las elecciones de febrero de 1936, pero no le permitieron crecer mucho. En febrero de 1936 FE de las JONS no era más que una diminuta organización sin ningún peso político con unos 10.000 miembros y unos 25.000 seguidores que no encontró eco en sus negociaciones con las derechas para ir en un frente unido y que obtuvo sólo 46.466 votos (0,4 por ciento de los votos), no consiguiendo ningún acta de diputado.
Entre febrero y julio de 1936 Falange fue la principal organización política causante de muertes en atentado y en marzo, tras un intento de asesinato del diputado socialista y catedrático Jiménez de Asúa, Primo de Rivera y la mayor parte de la dirección falangista fueron detenidos y encarcelados y el partido ilegalizado, pasando la formación a la clandestinidad. En esta situación de ilegalidad Falange experimentó la etapa de mayor crecimiento numérico por la entrada de muchos militantes de la CEDA, frustrados políticamente y desilusionados del accidentalismo de ese partido. Asimismo, las acciones directas de los falangistas contribuyeron a la escalada de la tensión provocando una espiral que provocó tantas víctimas en sus filas como ocasionadas en las ajenas, a la vez que contagiaba su radicalismo a las demás organizaciones de la derecha. Por otra parte, Falange colaboró activamente en la conspiración militar, tanto en Navarra como en el resto.
Tras el golpe de estado de julio, Falange, convertida en partido de aluvión al que llegaban derechistas radicalizados que preferían esa opción en vez de la del carlismo e izquierdistas de arrepentimiento forzado que escapaban del fusilamiento, creció exponencialmente. Toda la historiografía está de acuerdo en el carácter de la Falange como agente represor principal en la mayoría de las regiones, si bien su protagonismo en esas tareas fue compartido en territorios como Navarra y provincias vecinas en donde las labores de limpieza política fueron desempeñadas asimismo por los requetés carlistas. Hay múltiples testimonios de la crueldad operativa de la Escuadra del Águila de Pamplona, de la Escuadra Negra de Tudela y de los escuadrones comandados por el Chato de Berbinzana en la Zona Media y la Ribera, y los nombres de sus componentes son conocidos y han sido publicados, muchos de ellos ya en plena guerra civil. A veces operaban solos, en otras en comandita con los requetés.
Asimismo, de forma similar a los carlistas, numerosos miembros de Falange detentaron posiciones de mucho poder en todos los recovecos del régimen franquista y dentro del partido único FET de las JONS, y fueron fieles cómplices del aparato represivo de aquel, aunque también hubo un sector disidente que discrepó de la línea oficial desde fechas tempranas.
Sin embargo, tal y como sucede en nuestra tierra actualmente, aunque también en otras regiones, con la desmemoria postcarlista (en sus dos vertientes) en relación con la participación de los tradicionalistas en la limpieza política de 1936-1937, en el resto del Estado se detectan reticencias de los historiadores a incorporar a los victimarios falangistas en la agenda investigadora, desechando las posibilidades que dan los archivos y la hemeroteca. Sin duda, por el miedo a ser objetos de querellas y también por ser objeto de marginación académica bajo la acusación de romper el consenso de olvido de la Sacrosanta Transición. Pero también por motivaciones psicosociales que tienen que ver con la evolución ideológica de los descendientes de los militantes de Falange en aquel periodo, muchos de ellos escorados hacia la izquierda a partir de los años sesenta del siglo pasado y cuya mirada se nubla ante un posible pasado ominoso de sus ancestros. Omertá: académica, política, social, y familiar. Cadenas que condicionan el derecho a la verdad.
