Izquierda-Ezquerra acaba de plantear al Parlamento Foral que no puede ser que estén vacías 270 viviendas protegidas de alquiler del Gobierno de Navarra. Además, ha exigido medidas ya que cerca de 5.000 familias han demandado un piso de alquiler público, trayendo a colación un problema más grave de lo que parece.
El de la vivienda es un asunto manido y de difícil resolución, y más si lo que los Servicios Sociales se están encontrando es gente con muchos derechos -y muy pocas obligaciones-, para demandar vivienda pero sin aportar ni la seriedad ni el orden que requiere tanto la Administración como el casero privado.
Que por la caridad entre la peste es algo obvio y ya aprendido a estas alturas, pero que se reclame este derecho constitucional sin las preceptivas garantías es un brindis al sol más peligroso que la propia necesidad.
