El Gobierno de Rodríguez Zapatero ha anunciado, con un retraso considerable, el anteproyecto de Ley de Memoria Histórica que, finalmente, ha aparecido con otro título: “Reconocimiento y ampliación de derechos y establecimiento de medidas...”. Asociaciones, grupos, colectivos relacionados con la investigación y la suerte de los perdedores de la guerra de 1936 fueron llamados por el Gobierno socialista ya hace un par de años para ser oídos y, presuntamente, sentar las bases del anteproyecto ahora hecho público.
El resultado, en 25 artículos, 4 disposiciones adicionales y 3 finales, me ha producido una tremenda desazón. El socialismo español ha dado la espalda a su historia y hoy, desgraciadamente, está más atento al reflejo de una derecha filo fascista que a sus señas de identidad y a la de quienes le acompañaron en la guerra civil. Vuelve a reproducir errores del pasado, lo que, visto el camino andado, es un desprecio a la memoria de las víctimas, de nuestras víctimas.
Porque, a la postre, de lo que se trataba era de reparar una injusticia. Algo que, es evidente, no se ha hecho, ni siquiera por cercanía. Se vuelven a equiparar muertos de “ambos bandos”, se sacraliza el “espíritu de reconciliación y concordia de 1978”, es decir se da por buena la Ley de Punto Final auspiciada desde el franquismo y, en general, se obvian los grandes apartados que ya fueron señalados en informes previos ad hoc tanto por Naciones Unidas como por Amnesty International.
El defecto por extensión de la visión del equipo de Rodríguez Zapatero está relacionado con la propia esencia del franquismo, a la que no se le reconoce en su dimensión real. Si Franco y su régimen fueran equiparados a los de Hitler y Mussolini, como debieran serlo, el camino sería más sencillo. La experiencia europea es rica en reivindicar la memoria de las víctimas y combatientes, en castigar la apología del nazismo, en censurar a quienes niegan el genocidio, en combatir la idea de supremacía ideológica y racial. Pero Franco es tratado como una isla. Por el miedo cerval a la derecha, a la iglesia, a los centros económicos de poder y su influencia en una sociedad española que, dicen, es fácilmente manipulable.
España permanece en un atraso notable, a pesar de las autopistas, los teléfonos móviles y las excavaciones de Atapuerca. Se cierran en falso una y otra vez los periodos previos de la historia y se crea una sensación virtual más cercana a los deseos que a las realidades. La introducción del anteproyecto es sintomática: “El espíritu de la Transición da sentido al modelo constitucional de convivencia más fecundo que los españoles hayamos disfrutado nunca”. ¿A qué viene semejante afirmación, sumamente discutible por otro lado, en un proyecto de Ley de Memoria Histórica? Los términos absolutos, más que jurídicos, son religiosos.
En cuanto al contenido, la primera nota que llama la atención es la de los adjetivos, más numerosos en el texto introductorio que los sustantivos. Y cuando los adjetivos son masa ya lo recuerda el dicho castizo: “mucha paja y poco trigo”. Las siguientes son más especificas y a ellas me refiero, como ya lo han hecho otras opiniones: no hay responsabilidades, los “fallecidos por el franquismo” lo son desde 1968 (se eluden en el texto las palabras “asesinados”, “fusilados” y “muertos”), no hay nulidad de los consejos de guerra, no se insta a los organismos privados a retirar las referencias al franquismo (“con al Iglesia hemos topado, amigo Sancho”), etc.
Desearía, sin embargo, detenerme en algunos aspectos del anteproyecto. El primero, y por lo que me atañe más directamente, el del acceso a los fondos de la guerra civil. En esta ocasión, la futura ley supone un retroceso por cuanto los investigadores quedamos en manos de la arbitrariedad de un funcionario que interprete la circunstancia que un documento “identifique a los autores o a otras personas intervinientes en los hechos”. Si aparecen los intervinientes (sic), ese documento, a pesar de haber transcurrido los 50 años prescritos por ley, debe de seguir siendo censurado. Es decir, se nos trata como a niños a los que la verdad puede perjudicar. Seguiremos, en consecuencia, viviendo en la mentira o en la oscuridad: intuyendo, imaginando.
El segundo aspecto que desearía destacar es el de las víctimas. El anteproyecto nos sigue restregando un concepto muy “español” y nada acorde con la jurisprudencia internacional. Los trabajos de las Comisiones de la Verdad en otros estados, las sugerencias citadas de Naciones Unidas o Amnesty International, incluso el sentido común, hubieran servido de referencia a un bosquejo justo. No ha sido así. Con el anteproyecto en la mano tengo la impresión de que los presos que fallecieron y fueron enterrados como perros en el monte Ezkaba seguirán esperando a que la iniciativa privada se encargue de su memoria. Al no ser jurídicamente su muerte un homicidio, sino una consecuencia de la degradación en la prisión-fuerte de San Cristóbal, ¿quién se ocupa de ellos?
