O sea, pleno ejercicio de dicho derecho para todos los ciudadanos, ellas y ellos.
La Constitución Española de 1978, que dentro de un mes largo cumplirá cuatro décadas, cuatro, con apenas unos pocos retoques, reconoce y protege la susodicha libertad en la letra a) del punto 1 del artículo 20, con los límites que impone el punto 4 de dicho artículo: “el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia”.
En la Cámara Baja se va a tramitar una propuesta del grupo de Unidos Podemos a fin de despenalizar las presuntas injurias al rey y las ofensas a la religión (sea esta la que sea, sin especificar; eso es, al menos, lo que ha trascendido).
Si tengo en cuenta la sentencia del caso Richard Handyside contra el Reino Unido de la Gran Bretaña, más conocido como el de “el pequeño libro rojo”, de 7 de diciembre de 1976, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en concreto, el párrafo segundo de su punto 49, donde se lee que: “La libertad de expresión constituye uno de los fundamentos esenciales de tal sociedad, una de las condiciones primordiales para su progreso y para el desarrollo de los hombres. Al amparo del artículo 10.2, es válido no solo para las informaciones o ideas que son favorablemente recibidas o consideradas como inofensivas o indiferentes, sino también para aquellas que chocan, inquietan u ofenden al Estado o a una fracción cualquiera de la población. Tales son las demandas del pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin las cuales no existe una ‘sociedad democrática’”, el cambio, sugerido por Unidos Podemos, amén de ser oportuno o pertinente, es deseable, aunque a dicha muda se opusieran los diputados de PP y Ciudadanos.
Quien acepta la democracia y dice amén al pluralismo político ¿puede inadmitir que el otro o los otros no puedan proferir sus ideas, sean estas las que sean, sin cortapisas, aunque sean distintas y aun opuestas a las que nosotros defendemos o sostenemos? ¿Acaso ellos, los otros, no tienen el mismo derecho que nosotros a acertar, a estar en lo cierto? ¿Acaso solo nosotros tenemos derecho a errar o podemos equivocarnos?
He titulado este texto con el rótulo que porta, “Libertad de expresión sin excepciones”, sí, pero con ello no he querido decir que no haya que respetar las barreras o restricciones que la ley ha puesto a dicha libertad. Yo, lo reconozco sin ambages, antes, hace años, no era partidario de respetar las opiniones ajenas cuando estas constituyeran o contuvieran para mí claras o cristalinas sandeces, pero he llegado a la convicción personal de que conviene hacer tal cosa a la mayor brevedad posible, siempre y cuando, como contrapartida, claro, los demás toleren mis criterios, incluso en el supuesto de que estos resulten para ellos estúpidos, hipócritas o idiotas.
Si quemar la bandera rojigualda o la foto del monarca y pitar el himno nacional, la “Marcha Real”, es libertad de expresión, debe serlo también quemar la estelada, borrarle o cortarle la cabeza a una foto de Torra y escribir debajo, verbigracia, “Torra sin tarro”; y, asimismo, abuchear “Els Segadors”. Ahora bien, ¿no nos estamos cargando los símbolos?
Cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, actúa como si fuera una veleta, que cambia de criterio según de dónde venga el viento que la empuja, por ejemplo, retractándose ahora de lo que había dicho antes de residir en el Palacio de la Moncloa, que los políticos catalanes presos cometieron, presuntamente, delito de rebelión, ¿es coherente? ¿Por qué lo hace? ¿Son congruentes y consecuentes los diputados de Podemos, miembros del poder legislativo, cuando pretenden penalizar la apología de la dictadura, pero siguen hablando (Pablo Iglesias y muchos de los suyos) de “presos políticos y exiliados” para referirse a los líderes independentistas catalanes, políticos encarcelados (por orden de miembros del poder judicial), de manera preventiva, y huidos?
