Además de los menores en edad escolar, hay otras muchas personas que también están ya inmersas en estudios, ya sea para sacar títulos que amplíen su currículum o para presentarse a oposiciones. En estos casos, antes de apuntarse a un centro de estudios, es importante informarse bien de las condiciones.
En los últimos meses han aumentado los casos de personas que acuden a Irache porque creen que el curso que han pagado no responde a lo prometido. En buena parte de los casos se trata de cursos contratados a distancia.
Estos pagos pueden ser de hasta 500 euros en caso de material y que pueden superar los 2.000 euros en cursos con clases.
En algunos casos, especialmente en el caso de oposiciones muy específicas, han pagado cuatrocientos euros o más por un temario supuestamente válido para preparar las pruebas. Cuando lo han recibido, se han dado cuenta que no es un contenido elaborado, sino simplemente los primeros resultados descargables de búsquedas simples en internet. En estos temarios hay contenidos que no tienen ni tan siquiera que ver con el contenido de la oposición y otros que están obsoletos. Obviamente, este no es el material que esperaba el consumidor.
En otros casos, el conflicto se da en la diferencia entre lo que prometió el comercial, generalmente por vía telefónica, y la realidad del servicio. No es extraño que verbalmente se dé a entender que es una formación presencial, de máxima calidad, con todas las garantías, con seguimiento y servicio de tutoría y que luego solo se trate de un material y, en el mejor de los casos, el acceso a un campus online, por ejemplo.
Puede pasar también que las clases online diarias prometidas en las que podía interactuar con alumnos y profesores sean en realidad la grabación de clases presenciales impartidas hace meses y que no ofrecen ninguna posibilidad de interacción.
Otras veces sucede que a quien contrata el curso se le hace creer que, al pagar mes a mes, puede dejar el curso cuando quiera. Sin embargo, es un curso completo en el que se ha pactado un pago a plazos o una financiación y, cuando el consumidor deja de pagar, le reclaman todo lo que queda del precio total, que se eleva a miles de euros.
