El sector de la construcción tiene depositadas sus esperanzas para la dinamización de su actividad en la nueva Ley de Rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, cuyo anteproyecto pasará en breve por el Consejo de Ministros para su aprobación definitiva. No en vano, cuando entre en vigor esta normativa los propietarios de viviendas de más de 50 años –alrededor de tres millones de edificios de vivienda colectiva en toda España– deberán ponerse al día, en un plazo de cinco años,
en materia de conservación, accesibilidad y eficiencia energética.
La supervivencia de los gremios
La nueva Ley eliminará burocracia, simplificando la legislación, y obligará a las comunidades de propietarios de edificios antiguos a adaptarlos a los criterios de accesibilidad, conservación y eficiencia energética al crear la figura del Informe de Evaluación de los Edificios, que permitirá a las Administraciones Públicas "evaluar el cumplimiento de las condiciones básicas legalmente exigibles". A partir del año 2018, los ajustes en materia de accesibilidad "pueden ser legalmente exigidos, tanto para los edificios incluidos los de tipología residencial colectiva, como para los espacios públicos urbanizados existentes y, por tanto, también controlados por la Administración Pública competente", según el texto del anteproyecto.
Electricistas, pintores, alicatadores y fontaneros han sufrido la crisis del ladrillo y el parón de la construcción. La obra nueva suponía para ellos alrededor del 80% del negocio. El flotador, en estos momentos, es la pequeña reforma, aunque aseguran que también está parada ya que no hay mercado para todos. La clave está en el que el consumidor se anime.
