Un total de 90 alcaldías de Izquierda Unida, En Común y Podemos han remitido igual número de cartas a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, donde solicitan a la también portavoz del Gobierno que de forma “extremadamente urgente” y en tanto se aborda una amplia reforma de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera impuesta por el Gobierno del PP y en vigor desde hace ocho años “se proceda a la suspensión de las normas que se aplican ante el incumplimiento de las reglas fiscales y en concreto, de la regla de gasto, para que los Ayuntamientos podamos abordar las políticas necesarias para proteger a la población de las consecuencias de la pandemia”.
Entre los máximos responsables de los municipios que han remitido las misivas que recibirá Montero se encuentra el alcalde de Castejón. “Compartirá conmigo -señalan a la ministra- que hay que permitir que la administración más cercana deba atender adecuadamente las necesidades de su población. Queremos unos Ayuntamientos al servicio de la gente que den respuesta a las necesidades de sus vecinos y vecinas; esperemos que el Gobierno de España también vaya en esa dirección y asuma la propuesta que le hago llegar”.
“Es fundamental que a los Ayuntamientos, que al fin y al cabo somos la primera administración frente a la ciudadanía, se nos permita utilizar todos nuestros recursos para proteger económica y socialmente a nuestros vecinos y vecinas. Los alcaldes y alcaldesas de Izquierda Unida tenemos claro que la salida a esta crisis económico-sanitaria debe ser muy distinta a la del 2008, y para ello hace falta financiación y políticas sociales atrevidas que dejen a tras los recortes y las recetas neoliberales”, ha afirmado David Álvarez alcalde de Castejón.
Con esta actuación se cierra la campaña #EscudoMunicipal iniciada el jueves pasado a través de las redes sociales por todas las formaciones que integran el grupo confederal de Unidas Podemos. La campaña ha coincidido con la activación en el Congreso de una iniciativa parlamentaria que busca también acabar con los efectos que acarrea la regla de gasto y permitir a las administraciones públicas “abordar la crisis económica y social a la que nos enfrentamos, eliminando toda traba o condición previa tanto para la posibilidad del uso del superávit como para los destinos a los que se pueda aplicar”.
