La consejera de Desarrollo Rural, Industria, Empleo y Medio Ambiente, Lourdes Goicoechea, ha rechazado en el consejo consultivo de política agraria, la reforma de la PAC planteada por la Comisión Europea y, junto con el resto de comunidades autónomas y el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, ha solicitado su retirada. En el transcurso de la reunión, Goicoechea ha apoyado y votado a favor de la propuesta común de defensa de los agricultores y ganaderos, y se ha acordado que el documento aprobado será el que defenderá la ministra Aguilar el próximo 20 de octubre en Bruselas.
La necesidad de elaborar una propuesta común española ante la reforma de la PAC fue una de las peticiones del Gobierno de Navarra y del resto de comunidades autónomas durante el encuentro que mantuvieron el pasado 5 de octubre.
Sobre el documento aprobado, que ha contado con el apoyo unánime de todas las comunidades, Goicoechea ha planteado dos puntualizaciones “que garantizan de mejor manera la defensa de los intereses navarros”. Por un lado, ha solicitado que el documento común contemple la necesidad de conseguir el máximo apoyo a la incorporación del los jóvenes al sector agrario y, por otro, que incluya apoyos concretos a la mujer por su parel dinamizador y vertebrador de la economía agraria.
Además, la consejera ha reiterado el desacuerdo del Gobierno de Navarra respecto a los primeros borradores de reglamento oficiales de la Comisión Europea publicados el pasado 12 de octubre. Ha indicado que “el Gobierno de Navarra no comparte la reducción de la cofinanciación de la Unión Europea a los programas de desarrollo rural, y el modelo de ‘tasa plana’ que se está propugnando”. Además, existe desacuerdo con la definición de “agricultor activo” que se propone y los requisitos del greening que se establecen.
Goicoechea ha valorado como “muy negativa” la propuesta de la Comisión Europea y en ese sentido ha pedido a la ministra Aguilar, justo con el resto de comunidades, la defensa de la propuesta común adoptada, así como la elaboración de un análisis sobre el impacto real que puede tener la reforma de la PAC tal y como se ha planteado. Asimismo, ha remarcado que “no se están abordando los temas importantes para lograr un sector agrario productivo y competitivo”, a la vez que ha enfatizado “que se necesita una reforma seria y real que englobe las necesidades de las entidades agrarias y cooperativas”.
El documento se basa en cuatro apartados:
Por otro lado, la Comunidad Autónoma de Aragón se incorporó junto al resto de comunidades del Estado español y del Gobierno de la Nación al documento de síntesis de valoración inicial del Gobierno de España y las Comunidades Autónomas en el marco del Consejo Consultivo de la Política Agrícola Común (PAC) que se defenderá en el Consejo Europeo a celebrar el próximo día 20 con una postura de absoluto rechazo al modelo propuesto en torno a la PAc para el periodo 2014-2020 por la Comisión Europea “por los daños irreparables que puede causar al modelo productivo español”.
El documento, aprobado en el Consejo Consultivo por unanimidad, fue valorado por el consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Federico García López, como una “prueba de madurez y de visión de Estado por parte de las Comunidades Autónomas.
El consejero indicó que el debate de la reforma de la PAC se produce en un momento donde la Unión Europea no conoce las perspectivas económicas ni los recursos financieros para los próximos años y, por tanto, “el momento no es el más oportuno”.
Este es precisamente uno de los puntos del texto que se trasladará a la Comisión Europea por parte del Estado español, la “improcedencia del momento ya que no hay ningún motivo aparente para acometer una reforma de esta envergadura”.
El documento acordado se basa en afirmar que “el peso y la importancia de la agricultura española no debe verse perjudicada. No sólo eso sino que cualquier tipo de reforma ha de servir para que la situación de la agricultura española mejore”.
1.- La ficha financiera, que se considera perjudicial para el cómputo de la actividad agraria en España.
2.- Los pagos directos. El documento rechaza el pago base porque no da una respuesta a los distintos sistemas de producción.
3.- Necesidad de más medidas para la competitividad, mayor presencia en los mercados y desarrollo rural. La respuesta en forma de propuesta se considera insuficiente al no preverse mecanismos rápidos y flexibles ante las situaciones graves de crisis.
4.- Necesidad de medidas más voluminosas de apoyo a la construcción de infraestructuras, modernización de regadíos, medidas agroambientales e incorporación de jóvenes.
