El presidente Sánchez aseguró el otro día que su Gobierno “es feminista y partidario de la abolición de la prostitución”, una proclama más propia de viejos púlpitos que de baño de realidad.
Resulta que la Organización de Trabajadoras Sexuales, Otras, se inscribe legalmente en el registro de sindicatos, fiel reflejo de la actividad que se da en la calle, y el problema es que no se le quiere reconocer ni legalizar la explotación sexual... ¿Qué nombre dar a semejante incongruencia?
Como apuntaron estas contundentes ‘señoritas’, la absurda respuesta política “tiene más que ver con la moralidad que con la legalidad... que empiecen a cerrar burdeles!”...
¡Serán hipócritas!
