José Ramón Urrutia declara que “muchos menos cotizantes con salarios más bajos, hacen que los ingresos vayan cayendo y los gastos en pensiones subiendo más del 4% por los nuevos jubilados provocará que el déficit de la Seguridad Social en el 2020 rondará los 20.000 millones de euros”. Por su parte, la OCDE recomendó “retrasar la edad de jubilación más allá de los 67 años e incentivar las pensiones privadas, incluso con carácter obligatorio, porque prevé que en el futuro se reducirán los beneficios de los sistemas públicos”. Así, desde las esferas del Gobierno se intenta convencer a la ciudadanía que para garantizar el nivel de vida de los futuros pensionista se deberá complementar “el sistema de reparto”, fomentando el SPP (Sistema Privado de Pensiones) según las posibilidades de cada ciudadano, lo que permitiría que cada trabajador se asegurara la pensión deseada en el momento de su jubilación.
Según el INE, la inflación acumulada en Navarra en el 2019 fue del 1,3% , con lo que quedarán diluidos los efectos benéficos de la subida del 0. 9% de las pensiones prometida por el Gobierno para el 2.020 y supondrá una pérdida de poder adquisitivo por parte de los pensionistas navarros y además, el Instituto Nacional de Estadística (INE) prevé un escenario insostenible para el 2021 en que la “tasa de dependencia” crecerá en un 57%, (lo que supone que habrá seis personas inactivas ya sea jubilados, parados o estudiantes por cada persona activa). En consecuencia, tras el agotamiento de la llamada “hucha de las pensiones” previsto para el 2.020, es urgente cristalizar un nuevo Pacto de Toledo entre Gobierno, Oposición, Patronal y Sindicatos para consensuar los mínimos asistenciales, las fuentes de financiación y el calendario de aplicación de dicho pacto con el objetivo inequívoco de evitar el colapso de la Seguridad Social en el horizonte del 2.025.
