El Gobierno de Navarra ha presentado esta mañana las conclusiones de los estudios de alternativas realizados por las empresas públicas INTIA y NILSA acerca de las necesidades de la Ribera en cuanto a agua de calidad, tanto de boca como de suministro para regadío. El mensaje que se desgrana de esas conclusiones es claro: el ejecutivo foral da luz verde a la segunda fase del Canal de Navarra, una postura que ha desatado las reacciones positivas de los principales partidos de la oposición.
El análisis realizado concluye que “con cierta frecuencia se detectan deficiencias en la aptitud del agua suministrada para consumo humano en la Ribera”, y que la misma “viene derivada de la mala calidad del agua de las fuentes de suministro provenientes del Ebro-Canal de Lodosa, canal Imperial y aguas de pozo”.
La solución a estos problemas pasa por “utilizar agua de buena calidad para sustituir los orígenes de agua de mala calidad”. El estudio manifiesta que la alternativa recomendable sería sustituir estos suministros por agua de calidad de Itoiz, manteniendo el actual suministro de Yesa para Arguedas, Valtierra y Cadreita, y los pozos para el polígono industrial de Buñuel. "Es responsabilidad de este Gobierno garantizar el derecho a consumir agua de boca de calidad a todos los navarros y navarras. Con esta alternativa se solucionan los problemas de calidad ya que todo el suministro de agua para abastecimiento urbano e industrial se realiza desde fuentes de alta calidad, disponemos de concesión de agua para este uso y la infraestructura puede proyectarse y ejecutarse en un plazo relativamente breve”, ha dicho ayerdi al respecto.
Por lo que se refiere al abastecimiento para riego, la consejera Elizalde ha aclarado que Navarra con su actual concesión de la solución Itoiz-Canal de Navarra -con una dotación de 6.400 metros cúbicos por hectárea- podría atender 15.300 hectáreas de regadío. “La concesión actual y la propia capacidad del embalse nunca podría garantizar el riego para las 21.522 hectáreas de las anteriores previsiones para la segunda fase del Canal”, ha asegurado Isabel Elizalde.
Asimismo, según el estudio de alternativas “la propuesta técnica nos habla de una superficie potencial de entre 9.000 y 10.000 hectáreas que, unida a la demanda de agua de boca e industria, haría necesario una red de distribución con una capacidad de transporte de entre 10 y 15 metros cúbicos por segundo”, ha continuado la consejera Elizalde. En todo caso, este planteamiento está supeditado a la voluntad que manifiesten las comunidades de regantes de incorporarse al proyecto.
Esta solución descarta el canal a cielo abierto por su coste y su mayor impacto ambiental, y tal y como ha señalado la consejera Elizalde “esta solución reduciría probablemente en más de un 40% el coste de las previsiones iniciales para la segunda fase del Canal, presupuestado con un canal a cielo abierto”.
Proceso on regantes y entidades locales
Ayerdi y Elizalde han señalado que ahora la propuesta definitiva precisa abordar de “manera inmediata” un trabajo de contraste con comunidades de regantes y con entidades locales afectadas. En breve se convocará a los presidentes de las comunidades de regantes incluidas en la zona regable de la segunda fase para presentar los resultados y el plan de trabajo propuesto para los meses de febrero y marzo.
Se iniciará así un proceso de consultas oficiales con los futuros usuarios, de manera que en julio de 2017 “tengamos un dibujo preciso de los compromisos asumidos por las mancomunidades y las comunidades de regantes”, ha señalado Elizalde, e iniciar los trámites para la redacción de los proyectos constructivos por parte de CANASA. Para ello se presentará a cada comunidad las diferentes alternativas y los costes de inversión y explotación de cada una de las opciones posibles.
La solución final deberá ser consensuada y acordada en CANASA, una vez conocidas tanto la posición de las comunidades de regantes como la fórmula para asegurar la viabilidad de la entidad, que pasa por definir el trazado definitivo, presupuesto del proyecto, planteamiento tarifario, ajuste de las concesiones, y financiación de las actuaciones. “Existe por parte del Gobierno de Navarra un planteamiento financiero que implicaría el compromiso del Estado y que trasladaremos en las próximas reuniones previstas al efecto”, han manifestado Ayerdi y Elizalde.
Ambos consejeros han matizado también que con este proceso participativo se busca que la soución definitiva tenga en cuenta aspectos como asegurar los recursos disponibles en la Ribera, la posición que adopten los futuros usuarios ante las alternativas que se plantean y la concreción definitiva de hectáreas al proyecto, la mejora del modelo económico financiero en comparación a la situación actual, el planteamiento claro de financiación de la alternativa, las variaciones posibles de las zonas regables, el intercambio posible de concesiones de agua y la adaptación al cambio climático.
Puedes consultar los resultados de los estudios en este enlace.
Alternativas de agua en la Ribera from Gobierno de Navarra on Vimeo.
