La totalidad de los grupos presentes en el Parlamento de Navarra, en un acto en el que demuestran su falta de sensibilidad hacia la naturaleza, aprueban una Ley agresiva con el medio ambiente, manifestando sin rubor alguno que la Ley Foral Reguladora de Actividades con Incidencia Ambiental va a servir para la conservación del medio ambiente navarro, cuando en realidad esta nueva ley y su antecesora del año 2005 sólo buscan minimizar o eliminar cualquier traba legal que pueda tener cualquier proyecto o actividad económica a desarrollar en el medio ambiente navarro, independientemente de su legalidad y de las afecciones que la misma pueda causar en nuestra ajada naturaleza.
Sus señorías deberían saber, a la hora de realizar actos de ocultación de la realidad de la gestión ambiental en nuestra comunidad, que en esta tierra todavía hay personas y colectivos que no medran del dinero público, ni deben obediencia política alguna, y que por tanto pueden y deben desenmascarar a las personas que tienen la osadía de intentar vender como bueno para el medio ambiente lo que en verdad es una afrenta a su conservación. Todo ello a pesar de la censura existente en Navarra.
De todas formas, aunque esta Ley fuese beneficiosa ambientalmente, no valdría de nada, dado el demostrado y sistemático incumplimiento de las leyes ambientales en el que incurren los responsables políticos de la Consejería de Medio Ambiente, que parece ser que en lo único que trabajan es en intentar esconder la nefasta gestión que hacen del medio ambiente navarro.
Esta Consejería de Medio Ambiente, independientemente de las normativas ambientales que sus señorías quieran implantar, no realiza los trabajos que les obligan sus sueldos y sus cargos. Entre otras dejaciones los responsables políticos no ordenan realizar las necesarias inspecciones a empresas susceptibles de producir contaminaciones, siendo el ejemplo más sangrante la inexistencia de control alguno de los talleres de las villavesas a pesar de la denuncias realizadas por los propios trabajadores; incumple sistemáticamente el derecho a la información ambiental, teniendo que recurrir el ciudadano al Defensor del Pueblo y al Consejo de Transparencia de Navarra para que entreguen la documentación solicitada para su estudio; están admitiendo estudios de impacto ambiental que conculcan las leyes ambientales, incluida la que han perpetrado la totalidad de los parlamentarios navarros; dificultan la participación ciudadana a la hora de alegar a los proyectos agresivos con el medio ambiente, sacando a exposición muchas varios proyectos en la misma fecha y en período festivo para impedir o dificultar la respuesta ciudadana.
En Navarra, que en tiempos estuvo a la cabeza de España en cuanto a la promulgación de leyes conservacionistas, sacando adelante leyes verdaderamente protectoras, los últimos gobiernos se han encargado de eliminar el contenido proteccionista de las mismas, valgo como ejemplo la Ley Foral 2/93, con consecuencias nefastas para las especies y para sus hábitats.
