En poco tiempo dos informes emitidos por la Cámara de Comptos le han dado un varapalo a las políticas del Gobierno de UPN en lo que concierne al Departamento de Salud. En primer lugar, fue el informe sobre las listas de espera y el más reciente es el solicitado por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida para que se auditase la gestión del concierto con el Hospital San Juan de Dios.
Al margen de la consideración que hace la auditoría de que este concierto se suscribe al amparo del artículo 77 de la Ley Foral de 1990 de Salud, hay que subrayar el repaso que, a mi juicio, le da al Departamento y al propio Gobierno, que es quien tiene la última responsabilidad.
Como ejemplos destacamos del informe las siguientes observaciones: “No consta la necesidad o conveniencia del concierto para la satisfacción del interés público. No se especifican los objetivos cuantificados que se pretenden alcanzar. No se han determinado reglamentariamente los índices para el cálculo del coste real de los servicios a concertar y el concierto no incluye la previsión del coste real de los mismos”.
Para no cansar al personal con más información, solo destacaremos un único repunte más de la Cámara fiscalizadora: “No podemos pronunciarnos sobre la eficacia del concierto dado que no se han establecido objetivos cuantificados ni medibles”.
Ante tal desaguisado del Departamento de Salud cabe concluir que no se establecen objetivos ni previsiones de coste ni nada de nada porque no interesa. Aquí todo el campo es orégano y el Gobierno de Navarra privatiza servicios sanitarios, deriva a la iniciativa privada y no pasa nada.
Como mucho podemos escuchar al PSN decir que se trata de la falta de una adecuada gestión y planificación del Departamento de Salud y de una despreocupación respecto a la gestión con San Juan de Dios.
Creo sinceramente que no se trata ni de despreocupación ni de falta de una adecuada gestión. Más bien se trata de hacer lo que le viene en gana a la derecha tradicional, en este caso a UPN, siempre con la pretensión de privatizar y engordar los centros y hospitales privados con una política claramente diseñada.
Además, incumple la ley, porque el artículo 78.2 de la Ley Foral de Salud dice textualmente: “Los conciertos deberán recoger necesariamente los siguientes aspectos: a) los servicios, recursos y prestaciones objeto del concierto, señalándose los objetivos cuantificados que se pretenden alcanzar...”.
Pues bien, el Gobierno gobierna a su antojo y, además, lo hace con el consentimiento del grupo político que lo apoya. El PSN se equivoca cuando en asuntos como la salud y los servicios sociales parece estar más preocupado en confrontarse con los partidos de la oposición que en exigir al Gobierno que desarrolle políticas más comprometidas con el bien común.
El caso más evidente es el relativo a la falta de propuestas de este grupo político para modificar la intención del Departamento de Asuntos Sociales respecto a la puesta en marcha de los programas y la financiación de los servicios sociales de base.
