Es innegable que como sociedad atravesamos una crisis sanitaria extraordinaria, en la que se están planteando retos moralmente ineludibles como un fuerte incremento de la mortalidad, los riesgos inherentes a una posible saturación y subsiguiente colapso de la infraestructura hospitalaria, las consecuencias a largo plazo que lastrarán la salud de muchos de los que han superado la enfermedad, y el empobrecimiento de los más humildes y vulnerables a consecuencia de una parálisis económica súbita e inevitable.
Ante esta problemática la actitud del Gobierno de coalición PSOE-Unidos Podemos fue la correcta durante un tiempo, priorizando la salud de las personas por encima de los beneficios inmediatos de la economía capitalista. A pesar de una reacción tardía ante el COVID-19, atribuible a la falta de previsión, por lo demás general en Europa, es incuestionable la naturaleza ética de las decisiones que se adoptaron en la primera ola de la pandemia: la imposición de un confinamiento domiciliario a escala estatal para detener la cadena de contagios; la habilitación en tiempo récord de nuevas instalaciones médicas para garantizar un mínimo de atención sanitaria, que a pesar de los esfuerzos no todos pudieron conseguir; la aprobación de los ERTES, que han permitido mitigar el crecimiento del desempleo; o el impulso de líneas de crédito en el ICO para evitar el cierre definitivo de muchas empresas.
Sin embargo, con el paso de los meses hemos visto como el Gobierno central alteraba el orden de sus prioridades en función de diversos factores políticos y económicos. Durante las negociaciones del Fondo Europeo de Reconstrucción, el Gobierno de Pedro Sánchez presentó una propuesta ambiciosa de un billón y medio de euros que serían transferidos directamente a los estados más afectados. Este proyecto tenía dos virtudes: se ajustaba a las necesidades económicas reales y se financiaría con la emisión de deuda perpetua comprada por el BCE, que no era amortizable ni repercutiría en el déficit de los beneficiarios. Cuando el proyecto fue rechazado, se impuso la alternativa franco-alemana, de escasa dotación y compuesta casi por entero por deuda computable, incluidas las supuestas transferencias que van a cargo del presupuesto europeo y de las que el Estado español ha de asumir una parte muy importante. Con lo cual se limitaban los recursos disponibles para compensar las pérdidas, estrechándose así el margen de maniobra necesario para combatir una segunda ola del COVID-19, a la vez que se hacía presente el fantasma de un retorno a los tiempos de la troika. A pesar de estas evidencias, el acuerdo alcanzado se presentó y celebró por parte del Gobierno español como si fuera un éxito rotundo.
Desde entonces la gestión gubernamental de la crisis sanitaria viene asumiendo todo tipo de contradicciones sin que el resultado pueda ser considerado como positivo ni en el plano económico ni en el sanitario. Las restricciones se relajaron demasiado pronto para intentar salvar la temporada turística de verano mientras que se incitaba al consumo en los espacios de interacción social. En consecuencia, la infección encontró abiertas todas las vías posibles para expandirse de nuevo, sin que se hubiera ampliado el equipamiento hospitalario ni hubiese personal suficiente para garantizar siquiera la atención primaria. El problema se minimizó mientras se pudo, hasta que se hizo evidente que era necesario elegir entre la ralentización temporal de la economía o un tratamiento eficaz de la reemergencia del virus.
Fue entonces cuando se ofreció un modelo supuestamente descentralizado de Estado de Alarma, que trasladaba la responsabilidad a las Comunidades Autónomas con el único fin de paliar el desgaste político del Gobierno central. Pero en la Moncloa ya se había asumido unilateralmente una nueva prioridad estratégica: intentar salvar los beneficios antes que a las personas. Así se demostró en el momento en que diversos gobiernos autonómicos empezaron a reclamar un nuevo confinamiento domiciliario para sus territorios. Fue entonces, al desestimar el Gobierno central estas demandas, cuando los límites reales de la «cogobernanza» quedaron en evidencia.
La situación actual no puede ser considerada como inevitable. Estamos convencidos de que es consecuencia directa de un cambio estratégico en la agenda política del Gobierno central.
Tampoco debería escapar a nuestra crítica la actuación de los principales partidos políticos de la oposición parlamentaria, empezando por el Partido Popular. El partido que dirige Pablo Casado se negó a apoyar las prórrogas del primer Estado de Alarma, imprescindibles para dar la continuidad necesaria al confinamiento. Además trató de sabotear en todo lo que pudo la posición del Gobierno en las negociaciones europeas, alineándose con los Gobiernos de los llamados «países frugales». No debería olvidarse nunca este hecho, pues el Partido Popular obró contra los intereses españoles colaborando activamente en la limitación de los recursos finalmente transferidos.
A nivel autonómico merece especial atención la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que inició una guerra más o menos encubierta contra las limitadas medidas restrictivas del Gobierno. Una guerra con la que ha pretendido ocultar no solamente los estragos sufridos en la capital del Estado sino también la responsabilidad de su partido en el desmantelamiento de la sanidad pública y en la creación de una red de residencias privadas de ancianos absolutamente infradotadas; factores ambos sin los cuales la catástrofe hubiera sido menor.
En el límite superior de la curva de la indignidad se encuentra el líder de Vox, Santiago Abascal, que se atrevió a pedir penas de cárcel para aquellos políticos, como es el caso de Adrián Barbón, presidente de Asturies, que han reclamado un confinamiento drástico en un afán casi personal por salvar vidas.
Los ciudadanos y ciudadanas que integramos la sociedad española estamos sometidos a una casta política de dudosa moralidad, tan extremadamente cortoplacista y torpe que no ha valorado el efecto devastador que el descontrol de la pandemia implica para la economía que trata de proteger sacrificando la salud.
En un lugar de las Españas, a 2 de Diciembre de 2020.
