Todos los países de la Unión Europea estarán obligados a tipificar como delito en sus legislaciones nacionales actividades dañinas para el medio ambiente como el transporte ilegal de residuos, el comercio de especies animales en vías de extinción o el deterioro de espacios naturales protegidos.
Además, deberán introducir sanciones penales "efectivas, proporcionadas y disuasorias" para castigar a los responsables, según se recoge en la nueva directiva sobre protección del medio ambiente mediante el derecho penal que fue aprobada el pasado día 21 de mayo por la Eurocámara y por los Veintisiete.
Los Estados miembros tienen ahora un plazo de 24 meses para introducir esta directiva en sus legislaciones nacionales, aunque en España, los delitos contra el medio ambiente ya están contemplados en el Código Penal.
La directiva exige a los países de la UE que tipifiquen también como delito cualquier daño importante al medio ambiente causado por vertidos ilegales al aire, agua o suelo; la gestión ilegal de productos peligrosos, incluyendo la fabricación o la manipulación de materiales nucleares; o el tratamiento ilegal de residuos.
